Incorporar la participación ciudadana en auditorías coordinadas. Con ese objetivo se presentó una guía dirigida a los funcionarios y funcionarias de las entidades fiscalizadoras miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). El documento fue coordinado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Contraloría General de Perú y el trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el armado de las hojas de ruta para la planificación e inclusión de la ciudadanía en los procesos. 

Los pasos que presenta la guía ya fueron implementados por algunas EFS en el marco de auditorías coordinadas recientes, especialmente en la realizada sobre violencia contra la mujer. “Que participe la ciudadanía permite brindar insumos de cómo se están llevando adelante políticas públicas, que es información que de otra manera no llegaría a las entidades fiscalizadoras”, sostuvo Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Las auditorías coordinadas son procesos de control realizados por entidades fiscalizadoras sobre un mismo tema y durante el mismo periodo de tiempo. Es una combinación de auditorías conjuntas y paralelas, que entregan un panorama de cómo se trata un tema en particular tanto a nivel regional como nacional.

La guía plantea una serie de pasos a seguir por las Entidades Fiscalizadoras para planificar e incorporar la participación ciudadana en el proceso de una auditoría particular. Indica que ,en primer lugar, se debe plantear el objetivo de la participación ciudadana, por qué es necesario promover su inclusión y por qué la sociedad civil podría estar interesada en participar. Como segundo punto, señala hacer un mapeo de partes interesadas de la sociedad civil, identificar los perfiles de potenciales participantes de la sociedad civil.

En tercer lugar, sugiere identificar la etapa en la que se incorporará la participación ciudadana que podrá ser en las diversas etapas del proceso de auditoría, desde su planificación, la ejecución y el seguimiento de las recomendaciones; y finalmente definir el tipo de participación y los mecanismos para recopilar los aportes, esto puede incluir encuestas, formularios online, reuniones presenciales, talleres virtuales, entre otros. 

"Es igual de importante incorporar la participación en las auditorías nacionales como en las coordinadas, y esto tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante un control efectivo de determinadas políticas”, explicó Lucarella y remarcó “Gracias a la participación es posible que los resultados de las auditorías sirvan como materia e instrumento para las organizaciones para reclamar por esa política pública que fue analizada”.

La participación ciudadana es un derecho reconocido internacionalmente en las “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente del ODS 16 de la Agenda 2030.

Sobre la importancia de incluir a la sociedad civil en los procesos de control, Lucarella comentó: “La sinergia que puede existir entre las entidades fiscalizadoras y la sociedad civil hace justamente a poder generar un cambio real a partir de los resultados de las auditorías”.

En esa misma línea, la guía sostiene que dada la naturaleza y el foco de las auditorías coordinadas, es fundamental incorporar la participación ciudadana en cada fase del ciclo de la auditoría, tanto en su proceso consolidado regional como en los procesos nacionales de las auditorías en cuestión.