El municipio de General Pueyrredón, en donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata, aprobó una ordenanza para que el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) publique información actualizada, detallada y accesible de las concesiones vigentes en las playas y espacios públicos. Entre los doce puntos que deberán garantizarse aparecen el monto del canon y sus actualizaciones, y un plano con sus límites.

“Esto nunca había ocurrido en la historia. Hay resistencias y tenemos que ver cómo se ejecuta. Esa información ya la tienen, y está sistematizada, porque cuando se presentan a las licitaciones está en los pliegos. Acceder siempre fue algo muy difícil y, por ahora, la página del EMTUR sube datos sumamente elementales, como nombres de los balnearios, empresa que lo explota, y superficie de arena privada y pública”, explicó la coordinadora de la Organización MAR, Soledad Arenaza. 

“Por otro lado, en una ordenanza anual que está en el boletín oficial, se detalla cuánto le pagó el concesionario al municipio ese año. Ahora, cuando ganan una licitación hay dos cuestiones a la que se comprometen: al pago del canon y a realizar obras de cierta envergadura. La información sobre qué obras, qué plazos y por qué inversión no está disponible en ningún lado y es la más sustantiva”, continuó la abogada de MAR. 

Según Arenaza, los montos que pagan quienes ganan las licitaciones son irrisorios porque no permiten solventar el funcionamiento del EMTUR, que es quien debe controlarlos. Pero además, dichos datos no son de público conocimiento y constituyen buena parte de la retribución que esas empresas deben aportar. En este sentido, Arenaza argumentó: “Muchas veces se justifica los bajos cánones que pagan las empresas justamente porque van a realizar obras de envergadura. Y por el mismo motivo, se les otorgan largos plazos porque se supone que harán inversiones super elevadas y que se tienen que amortizar. Pero esas obras son desconocidas por todos”.

La abogada de la ONG explicó el proceso por el cual el acceso a la información es sumamente complicado: “Los pliegos los trabaja el área de legal y técnica del municipio y luego pasan por el Concejo Deliberante. Pero una vez aprobados, el que controla esa concesión es el EMTUR, que a su vez depende de las mismas para generar su sueldos. Por otro lado, ese órgano no tiene a los inspectores para verificar las infracciones y las irregularidades porque están en otra oficina que es del Poder Ejecutivo. Y, a la par, las obras que deberían hacerse las controla Planeamiento Urbano”. Como consecuencia de este circuito, una vez que la licitación está otorgada, el control de la vida de ese contrato está tan desmembrado: si se incumple algo, hay tantos órganos que tienen que operar y no tienen diálogo, que se vuelve imposible acceder a esos datos.

“Por ese motivo, empezamos a trabajar en un proyecto de ordenanza, en base a la ley de acceso a la información pública, la ley provincial y el decreto municipal, para garantizar el acceso a los datos que nosotros considerábamos los más críticos. Esa ordenanza fue aprobada en marzo”, explicó Arenaza. 

Desde MAR, consideran relevante la publicación de la información para poder entender la insostenibilidad del modelo de ciudad que adopta la urbe turística más icónica del país, perteneciente a General Pueyrredón: la no resiliencia del sistema se ve no sólo en la creciente carbonización que sufre Mar del Plata año a año, sino también en la conflictividad social que genera la concentración de las ganancias que a su vez están poco transparentes.

En la temporada 2020, se alojaron 3.5 millones de personas y las empresas que concesionan las playas abonaron al municipio $32 millones. Según Arenaza, esto equivale a $57 mil pesos por mes de alquiler. “Si se piensa desde una perspectiva de turismo sostenible, cada habitante de la ciudad recibió un promedio de $4 por las concesiones. Pero cuando llegó el verano y tuvo que pagar para acceder a la carpa un día, le cobraron $2500, algo totalmente desproporcionado. En términos de lo que obtenemos y pagamos, estos $32 millones no alcanzan para pagar los sueldos del EMTUR que se encarga de fiscalizar. Es decir que nuestro modelo de gestión del espacio costero es tan ineficiente que ni siquiera podemos pagar los salarios que demanda”, explicó. 

En la temporada 2020, se alojaron 3.5 millones de personas en General Pueyrredón y las empresas que concesionan las playas le abonaron al municipio $32 millones.

En concreto, la ordenanza dispone que en la página web del EMTUR se publiquen de manera clara, completa, desagregada, actualizada y en formato abierto, toda la información correspondiente a cada Unidad Turística Fiscal (UTF) del Partido de General Pueyrredón. Esta incluye: sector; nombre de fantasía; localización; pliego de licitación aprobado por ordenanza; ordenanza, resolución o decreto de adjudicación; nombre del concesionario o permisionario; y la fecha de inicio y finalización del contrato y prórrogas si las hubiere.

También estipula que se detallen los usos autorizados para la explotación de cada UTF, la capacidad máxima de unidades de sombra, su precio promedio para la temporada vigente, la superficie que ocupan y sus planos, el canon base por pliego y el fijado por el contrato de concesión, con su respectivo método de actualización.

Asimismo, busca que se presente como información fácilmente accesible la evaluación y certificado de impacto ambiental, exigencia de accesibilidad, el período de actividad del balneario e instalaciones, la cantidad de estacionamientos y tachos de basura, el servicio de guardavidas y la periodicidad de limpieza del sector de arena, e infracciones impuestas anteriormente por el Municipio por incumplimientos.

“Entendemos que hay un sentido común súper instalado de que la gestión del espacio costero es como es, pero es insostenible y socialmente excluyente. Y esto afecta al desarrollo económico de la ciudad porque buena parte de su desarrollo es gracias al turismo. La mejor manera de interpelar ese sentido común es acceder a esa información de qué es lo que la gente recibe por privatizar sus playas y adoptar este modelo”, opinó la abogada.

Según Arenaza, la ordenanza aún no se implementó y desde MAR van a esperar un tiempo prudencial, comprendiendo que en el marco de la pandemia el trabajo se dificulta por la menor presencialidad, entre otras cosas.

Por último, la especialista concluyó: “Transparentar esos datos tiene que ver con un clima de época donde la sociedad quiere saber qué pasa con nuestros recursos. El sistema actual genera conflictividad social y es insostenible: cada vez menos gente usa más espacios y ocupa más la arena”.