El Defensor del Pueblo es una Institución de la Nación que opera con plena independencia y autonomía funcional; sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Actúa para proteger los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes, como también observar y defender el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.  

Tiene competencia para iniciar y proseguir de oficio, o a petición del interesado, cualquier investigación que propicie al esclarecimiento de asuntos dentro de las áreas que le competen, -las reparticiones de la Administración Pública Nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas- en relación a los siguientes temas:

·          Mal funcionamiento

·          Ilegitimidad

·          Falta de respuesta a reclamos efectuados

·          Mala prestación, atención o trato

·          Insuficiencia de información

·          Violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor

·          Cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente