Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, presentaron la Agenda de transparencia para Argentina para avanzar hacia un sistema político más democrático. Estas ONG trabajan desde hace años promoviendo la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas del Estado.

La agenda está compuesta por 12 consignas de las cuales 2 están en proceso de creación acceso a la información pública y gobierno abierto-, 5 se han estancado reforma electoral, regulación de la publicidad oficial, defensor del pueblo, integridad del sistema de empleo público y transparencia del sistema de compras y contrataciones públicas- y otras tantas están pendientes independencia del poder judicial, lucha contra la corrupción, congreso abierto, mecanismos que aseguren la ética pública y transparencia presupuestaria-.

Según fundamentaron desde las organizaciones, las propuestas que presentamos son aquellas que consideramos prioritarias para la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia, y configuran una hoja de ruta para que el gobierno entrante lleve adelante políticas públicas en ese sentido.

La selección de estos asuntos responde a la urgencia y el carácter impostergable de su tratamiento, pero no excluye otras reformas necesarias en materia de institucionalidad, transparencia y acceso a la información pública, indicaron.

Con reparos

Estas instituciones han dejado clara la importancia que tienen el acceso a la información pública y los proyectos de gobierno abierto respecto a la ampliación de los márgenes de la democracia en Argentina.

La ley 27.225 de acceso a la información pública fue promulgada el 28 de septiembre de 2016 y el 27 de marzo de 2017 fue reglamentada con el Decreto 206. En ese lapso de tiempo fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes, mediante campañas, exigieron la reglamentación de la norma.

Tal como publicó GestionPublica.info hace unas semanas, el Ministerio del Interior, dirigido por Rogelio Frigerio, invitó a todas las provincias a adherirse a la Ley que entrará en vigencia en octubre de este año. Santa Cruz, Tucumán, Formosa, La Rioja, La Pampa, San Juan y Mendoza son las provincias que aún no tienen una norma que regule y garantice este derecho de la ciudadanía.

En el caso de las políticas de gobierno abierto, Argentina actualmente está implementando los seis compromisos asumidos a través del Segundo Plan de Acción presentado ante la Open Government Partnership (OGP) en el año 2015.

No avanzan

Una de las problemáticas que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es la reforma electoral. El año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de Ley al Congreso para modificar la forma de sufragio con el voto electrónico y también buscando la paridad de género en las boletas.

Ese proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazado por los senadores nacionales. Para las ONG es vital modificar, por sobre todo, el financiamiento político en Argentina para tener un proceso mucho más transparente.

Otro cargo que está en suspenso es el Defensor del pueblo de la Nación, que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales y el control de la administración pública. Se encuentra establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y artículo 2 de la ley 24.284.

En 2016 se conformó la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo quien se encarga de la designación del Defensor del Pueblo, pero no hubo más novedades desde aquel momento.

No se tienen en cuenta

Hay varios temas que quedaron fuera de las agendas de los distintos gobiernos, al menos en materia práctica. Desde las ONG, reclaman por la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción.

A pesar que se aprobaron leyes como la del arrepentido en 2016, poco se avanzó en la lucha contra la corrupción y, según las organizaciones, esto se debe en parte a la falta de transparencia en el proceso de elección de jueces y fiscales para combatir el flagelo.

Otro tema pendiente es el de lograr un poder Legislativo más abierto. El Congreso Argentino obtuvo una muy baja calificación (11° de 13 Congresos) en el último Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Es por esto que en noviembre de 2016 se creó la Red de Parlamento Abierto, una iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación, como espacio de colaboración y planificación conjunta de políticas de transparencia; pero todavía tuvo pocos avances.