El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el primer análisis por la denuncia que presentaron contra el Estado argentino por el uso de armas Taser.

El 5 de febrero pasado, en una comunicación oficial, la CIDH informó que el estudio inicial del asunto ha concluido exitosamente, encontrándose pendiente la notificación al Estado en los próximos meses. Desde el ODH y la Agrupación H.I.J.O.S. Capital se había denunciado al Estado argentino por la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las armas tipo Taser X26.

Agravando la situación, en los últimos meses, se dio a conocer la compra de estas picanas portátiles por parte de los Estados nacionales, porteños y bonaerenses para distintas Fuerzas de Seguridad. Así lo confirmaron los dichos de Diego Santilli, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, explicaron desde la ODH.

Según comunicó el observatorio, la semana pasada, presentamos los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad nacional consultando sobre: el proceso administrativo que habilita la compra de las armas Taser, la capacitación del personal y protocolos que se pondrán en marcha para su uso, los precios que se pagarán por las mismas, entre otras preguntas. El mismo día que presentamos los pedidos de informes, fuimos notificados del uso de la prórroga para su respuesta, que recién llegará en marzo.

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010, cuando junto con Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S. Capital, y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que incluso demuestran que pueden ser armas letales, remarcaron y agregaron que luego de las presentaciones en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su análisis.

En 2016, la petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y SERPAJ; Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; H.I.J.O.S. Capital, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las Fuerzas de Seguridad. Esperamos que la CIDH se manifieste con la celeridad necesaria para que en la Argentina no se legalice la tortura y se cumpla con los pactos internacionales de derechos humanos a los que subscribe nuestro país, concluyeron.