Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), existe un documento oficial en el que figuran dos cifras distintas de deuda porteña, con más de $ 3.200 millones de diferencia entre ellos, sin que existan explicaciones sobre esas “discrepancias”. 

El documento en cuestión es la Cuenta de Inversión, en este caso, correspondiente al ejercicio 2014. Esa fue una de las fuentes de información que usó el organismo de control para analizar la gestión del Estado de la Ciudad con respecto a los compromisos contraídos. 

La investigación sostiene que “en el tomo 3 de la Cuenta de Inversión” aparece un primer número, enmarcado en un concepto llamado “estado de deuda”; allí dice que el total de los compromisos porteños asciende a $ 26.432 millones. Sin embargo, en el folio 52 del tomo 2 figura otra cifra; se trata del “estado de situación patrimonial consolidado”, en el que se habla de una deuda de $ 29.696 millones, siempre contados hasta 2014. 

“La diferencia entre ambos estados es de $ 3.263 millones, equivalente al 12,35% del stock de deuda”, explica la Auditoría y añade: “Si bien la diferencia se corresponde principalmente a conceptos extra presupuestarios, en la Cuenta de Inversión no se suministran explicaciones sobre la existencia de tal diferencia, ni de sus causas”.

De hecho, y ante la ausencia de aclaraciones, los investigadores intentaron trazar coincidencias en las cifras que encontraron, pero terminaron concluyendo que “las clasificaciones y aperturas incluidas en ambos estados no permiten, en todos los casos, correlacionar los montos informados, y en la Cuenta de Inversión no se brinda información que posibilite practicar dicha correlación”.

Hablando de información, la AGCBA observó que “la deuda que se expone en la Cuenta de Inversión 2014 surge de diferentes bases de datos y no de un registro contable integrado”, y enumera: “la deuda flotante -se deduce del- Sistema Integrado de Información Financiera (SIGAF), en tanto que la composición de la deuda pública y reclamos mutuos entre Nación y Ciudad fue suministrada por la Dirección General de Crédito Público (DGCPUB) del Gobierno porteño”.

“Estas circunstancias -deduce la Auditoría- obstaculizan efectuar comprobaciones sobre la integridad de conceptos y partidas expuestas como pasivos”, y lamenta que “en este aspecto, se observa un retroceso respecto el año 2012”, porque “no se incorporó a la Cuenta de Inversión 2014 información del stock de deuda producida por el SIGAF”.

En la misma línea, el organismo de control remarca que “ni la ley de presupuesto ni la Cuenta de Inversión determinan las categorías programáticas que captan las fuentes de financiamiento de los empréstitos contraídos”. Esto, en pocas palabras, significa que en dos documentos oficiales, como son la proyección de gastos y la rendición de cuentas, no aparecen las iniciativas que serán fondeadas con deuda, lo que -por si faltaba algo-, no permite medir cómo se ejecutan los fondos ni qué incidencia tienen en el avance de la gestión.

“La existencia de dicha información no sólo beneficiaría a la evaluación posterior de la política pública, sino también supondría una mayor transparencia”, sentencia el informe de la Auditoría porteña.

Los vagones del subte H

Cuenta la investigación que entre 2013 y 2014 la Ciudad contrajo diversos empréstitos para comprar material rodante destinado a la línea H de subterráneos y financiar otras obras de infraestructura en esa red de transporte. 

El problema fue que los endeudamientos se incluyeron en el presupuesto porteño bajo el ítem “inversión real directa por producción de terceros y propia”, cuando en realidad se trataba de una adquisición de bienes de capital “cuyo propietario legal es SBASE”, es decir, la empresa estatal que administra los subtes. 

Es que para la AGCBA era esta firma la que debía registrar en sus estados contables la deuda en cuestión. En definitiva, esta “incorrecta aplicación presupuestaria del endeudamiento generó una sobrevaluación de la inversión real en $ 2.154 millones”, y lo mismo ocurrió con el concepto Construcción de Bienes de Dominio Público y Privado, por idéntico monto. Y todo, porque la Ciudad se “adjudicó la titularidad de bienes que no le pertenecen de manera directa”.

Omisiones

Con respecto al manejo de los datos, la investigación señaló que “no se acreditaron en las cuentas contables la deuda CEAMSE, corto y largo plazo, y los intereses devengados durante 2014 por un monto total de $ 2.584 millones”.

Además, se destaca que “la Cuenta de Inversión 2014 no expone las eventuales deudas o litigios que podrían surgir de la resolución de causas judiciales en las que (el Gobierno porteño) ha sido demandado”. Y, aunque el organismo de control reconoce que la Ciudad “no puede estimar la posibilidad de éxito en dichos procedimientos, ni el monto o el plazo de algún pago, cualquier resultado adverso puede tener un impacto en las finanzas” públicas, por lo que se considera “necesario” exponer esos números “en notas aclaratorias”.

Para tener una idea del universo en cuestión, la Auditoría dice que “entre los litigios encontrados se destacan un incendio desatado en un club nocturno privado, que provocó un número significativo de muertes y heridos; un supuesto daño ambiental ocasionado en zonas adyacentes al Riachuelo (en el que la Ciudad es codemandada), y supuestas negligencias en procedimientos médicos llevados a cabo en los hospitales” porteños.

La conclusión

Tras la obtención de todos estos hallazgos, el organismo de control concluyó que “excepto por la incorrecta exposición de la información sobre deudas contingentes, y la omisión de las deudas eventuales procedente de juicios contra la Ciudad”, los datos expuestos en la Cuenta de Inversión 2014 se “presentan razonablemente en sus aspectos más significativos”.