Luego del choque de una formación de la línea Sarmiento en la estación Once, que provocó la muerte de 51 personas, el sistema ferroviario quedó bajo la lupa. A nueve días de la catástrofe, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó su último informe sobre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) con observaciones alarmantes: La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó incumplimientos del concesionario de hasta un 100% en las tareas de mantenimiento, control y reparación de “elementos sensibles a la seguridad”  tales como frenos, ruedas y ejes de los trenes.

El informe aprobado esta tarde por el colegio de auditores de la AGN tuvo como objetivo verificar los controles realizados por la CNRT y la Secretaría de Transporte respecto de las obligaciones contractuales de TBA en relación al mantenimiento, la seguridad pública y operativa del transporte ferroviario de pasajeros, además de evaluar los controles realizados en el proceso de redeterminación de subsidios, todo ello sobre el período que va del 2007 al 2009.

El “material rodante” de los ferrocarriles (coches y locomotoras) debe ser sometido, periódicamente, a revisiones técnicas “según las exigencia del contrato de concesión”. La más importante es la que “refiere al recambio de elementos relacionados con los frenos, al control de ruedas y ejes, revisión y reparación de elementos de acople, entre otros”, y se la conoce como “Rev. ABC”.

Para desarrollar sus labores de control, la CNRT define un “teórico estimado de intervenciones”, y lo compara con las operaciones de mantenimiento efectivamente realizadas por la empresa. En el siguiente cuadro se puede observar los altísimos porcentajes de incumplimiento de TBA en las inspecciones en cuestión:

La Auditoría resaltó que este “alto déficit posee consecuencias directas en la seguridad del sistema ferroviario”.

Además, señaló que la revisión Rev. ABC “no puede ser reemplazada por una mayor cantidad de otras exámenes con menor valor” y remarcó la “falta histórica de información” que lleva a cabo “TBA al no dar a conocer los kilometrajes recorridos por los distintos vehículos de la flota a su cargo”. Esta última falencia “fue motivo de observación en informes anteriores de la Auditoría y causal de reclamos por parte de la CNRT”.

Alto grado de deterioro de vías y falta de mantenimiento

Si el desempeño de la empresa fue deficitario en el mantenimiento de los vehículo ferroviarios, la cosa no anduvo mejor con el estado de vías y obras relacionadas. La CNRT encontró en sus inspecciones, “durmiente envejecidos”, “juntas vencidas”, “rieles con desgaste lateral”, “juntas vencidas que ocasionan fuertes golpes al paso de las formaciones”, “malezas”, entre otras falencias. Los auditores resaltaron, sobre las observaciones de la Comisión de transporte, que existe “un alto grado de deterioro de la infraestructura de vías y obras debido a la falta de mantenimiento”. Esto causa, como ya se advirtió en varias oportunidades, “falencias irreversibles y mayores costos para su recuperación”.

La AGN indicó que “los planes de mantenimiento de vías y obras presentados por TBA para el 2009 eran insuficientes para atender la importante longitud de la red concesionada”. En el informe de la CNRT consta que “las tareas de revisión de vías propuestas por la empresa cubrían menos del 10% de la red”, lo que indica que el estudio integral se completaría recién “pasados los 10 años, cuando el ciclo establecido por normativa es de cuatro a seis años”. A ello se le suma que los proyectos “fueron presentados fuera de término, al igual que los avances mensuales en su ejecución”.

Penalidades

La CNRT comprobó 26 accidentes “por culpa de TBA” en el año 2008, a ello sumó “incumplimientos en el mantenimiento” por lo cual  “propició la aplicación de multas” por $ 2.840.000.

Durante 2009 los descarrilamientos y colisiones llegaron a 41 y persistieron las falencias en materia de revisaciones preventivas, controles y reparaciones de los bienes sujetos a la concesión. En este caso, la Comisión aplicó una sanción a TBA de $1.800.000.

En el mismo año, la Comisión  “elevó a la Secretaría de Transporte 53 expedientes (de los cuales 15 eran sobre TBA) por incumplimientos durante el 2007. De ese total, 12 “se encuentran paralizados”. La AGN concluyó que “lo expuesto deja de manifiesto la demora de la Autoridad de Aplicación para definir la aplicación de penalidades”.

Ninguna de las multas señaladas habían sido hechas efectivas al momento de la auditoría y por eso el organismo de control propone “”impulsar los procedimientos tendientes a efectivizar la aplicación de las sanciones”.

Subsidios

Es de suma importancia señalar que la empresa TBA incurrió en todas las falencias mencionadas anteriormente pese a que “entre 2003 y junio de 2010 recibió $ 1.924.625.755,67” en materia de subsidios. Estas subvenciones estatales “fueron teniendo una participación creciente en los ingresos de la empresa”. En el 2003 “el concepto representaba el 32,64% de los ingresos de la concesión, mientras que para el 2009 ese número ascendió a 75,63%”, lo que implica “un incremento del 132%”, según indicó el organismo de control. Además, “entre 2006 y 2010 la transferencia mensual por subsidio aumento un 146%”.

En este sentido, el informe explica que “según el contrato se puede proceder a la redeterminación de la tarifa, el subsidio o el canon, cuando alguna de las partes invoque algún incremento o disminución superior al 6% en rubros como personal, materiales, energía, entre otros”.

La “mayoría” de los ajustes fue en el “Rubro Personal” y, según informa la AGN, “se realizaron apartándose del procedimiento establecido en la normativa”. No obstante, “no se pudo certificar las funciones a cumplir por el personal -incorporado- o se omitió verificar que efectivamente cumpla las tareas para las que se lo contrató”. No es un dato menor que en enero de 2003 en TBA trabajaban 2.952 personas y hasta julio de 2010 ese número aumentó a 4.464.

Por las demoras incurridas por la Secretaría de Transporte en la resolución de los reclamos por redeterminación de subsidios “se generó un crédito en concepto de intereses que se podría haber evitado y que arribó a un monto de $59.334.760”. De hecho, la AGN puntualiza que ya la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había dicho en 2009 que “las demoras incurridas en el trámite de algunos expedientes derivaba en un perjuicio económico para el Estado Nacional por el pago de intereses o actualizaciones”.