“Se ha restado credibilidad a las medidas de protección del agua por la falta de vigilancia -del Estado- (…) Es notoria la falta de políticas y metas concretas (…) El país enfrenta un escenario de contaminación hídrica sin control”. Estas fueron las declaraciones de la Contraloría General de Costa Rica tras analizar la gestión del Gobierno costarricense sobre las diferentes fuentes contaminantes de agua.   

El informe aprobado este año estimó que “sólo el 5% del total de litros (6.279 litros por segundo) de aguas residuales que se vierten en los lagos, mares y océanos del país recibe algún tratamiento previo”. ¿Qué significa? Que aproximadamente el 95% del agua contaminada con desechos orgánicos -“generada por las actividades domésticas del hombre en el uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos y lavado de ropa, entre otros”-, se vierte sin tratar, pese a que presentan un alto contenido contaminante.

Este dato cobra más relevancia si se tiene en cuenta que ya hay cinco playas contaminadas, que no cumplen los parámetros de calidad de agua. Estas son Quepos, Azul y Tárcoles en la Provincia de Puntarenas, Portete y el Balneario Municipal en la Provincia de Limón. Además, existen otras 27 que están en “riesgo sanitario”, lo que las sitúa en peligro potencial de convertirse en no aptas para la natación en los próximos años.

Según la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, “la principal fuente de contaminación de las aguas en Costa Rica son los liquidos cloacales”. Incluso, el Laboratorio Nacional de Aguas de Costa Rica señala que “la contaminación en zonas costeras se asocia a descargas de aguas residuales sin previo tratamiento. Éstas representan aproximadamente el 70% y el 80% de la contaminación de las aguas de mar”.

Cabe aclarar, que el Estado no tiene información que permita determinar cuántos turistas nacionales y extranjeros visitan estas playas, de modo que “se desconoce la magnitud del riesgo al que se someten las personas en el contacto con el agua de estas costas”.

Agua potable

Lo que sigue. El informe explica que al menos el 8% de la población nacional, 331.668 habitantes costarricenses, aproximadamente, “recibieron agua no potable durante el año 2011”. Aunque reconocen un avance en la materia porque en el periodo 1991-2011 el suministro de agua no potabilizada para consumo humano disminuyó en 79%, de los 1484 acueductos que transportan el agua, “se registran 506 que proveen de agua no potable”.

Contaminación por infiltración

En Costa Rica, según dice la Contraloría, “no hay un mecanismo para controlar la contaminación del agua por fuentes difusas”. ¿De qué trata este tipo de contaminación? Son aquellos agentes contaminantes que ingresan a los sistemas acuáticos mediante infiltración, escurrimiento y descargas. Por ejemplo, la lluvia puede escurrir combustibles y grasa de los estacionamientos; en otros casos, agroquímicos; que contaminan el agua.

La única propuesta identificada para controlar esta situación está en el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del 2008 y establece dos líneas de acción inmediatas. Una, cobrando un “canon de vertidos” a quienes trabajen productos que puedan provocar contaminación por fuentes difusas y, por último, promocionando la producción limpia en el sector agrícola. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía no implementó las acciones, principalmente, por la falta de recursos económicos de la Dirección de Agua. 

Pozos Ciegos

En Costa Rica, aproximadamente el 75,5% de la población utiliza tanque séptico (“pozo ciego” en Argentina). Según estimaciones, el 65% de esa población dispone sus ‘aguas negras’ en el tanque séptico y el resto de las aguas residuales (ducha, cocina o lavamanos) están conectadas al alcantarillado pluvial, vertiéndose sin tratamiento alguno en ríos y otros cuerpos de agua. 

Si bien en el Plan Nacional se asentó esta situación, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya) “no cuentan con información detallada del funcionamiento de tanques sépticos”, porque su gestión se basó “en una regulación desactualizada e insuficiente”. Esto afecta los mares e incrementa el riesgo de contaminación de aguas subterráneas.