La Ciudad de Buenos Aires cuenta con varios Centros de Formación Profesional (CFP) que brindan herramientas a quienes no pudieron completar su educación formal, con el objetivo de prepararlos para afrontar las exigencias del mercado laboral. 

Como algunas de esas instituciones no tienen financiamiento del Estado porteño (ver Radiografía del programa) y, por lo tanto, sus clases no son gratuitas, la norma obliga a que se le otorguen becas a un 12% de las personas inscriptas en cada curso, como mínimo.

Sin embargo, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que ese piso no se cumple al menos en cinco de los Centros llamados conveniados sin financiamiento estatal.

El organismo de control, que aprobó el año pasado un informe sobre la iniciativa en base a datos de 2017, reveló que el incumplimiento en las becas se registró en el centro de la Asociación de Docentes de Educación Física, que no otorgó ningún beneficio pese a tener un total de 137 inscriptos. 

La Auditoría no pudo obtener datos sabre más de un tercio de los trabajadores de los Centros. 

Algo similar ocurrió en la Escuela Argentina de Automotores en donde, al momento de la investigación, contaba con una matrícula de 1.528 inscriptos y, en lugar de becar a 184 estudiantes -que equivaldrían al 12%- tenía solo tres beneficiarios.

Asimismo, la Escuela de Arte Gastronómico debía otorgar becas a 48 personas de sus 401 inscriptos, pero solo lo hizo con dos; el Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva tenía uno sobre 30 alumnos; y el centro de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) contaba con una matrícula de 375 personas, pero no entregó las 45 ayudas correspondientes, sino solamente 13.

Radiografía del Programa

Cuando la Auditoría hizo su informe, había en la Ciudad 56 Centros de Formación Profesional. De ese total, 30 funcionaban mediante acuerdos de cooperación con sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones gubernamentales y otras entidades. En estos casos, el financiamiento del personal y distintas tareas, como evaluaciones, acreditaciones y supervisiones, corrían por cuenta del Ministerio de Educación porteño. 

Además, nueve de las instituciones eran de las consideradas “propias”, es decir, centros en los que la administración y ejecución de gastos y recursos correspondían a la cartera local.

A su vez, había 17 centros, también con acuerdos de cooperación, pero sin financiamiento estatal. En este grupo fue donde la AGCBA detectó el incumplimiento de las becas. 

Si de personas se trata, los técnicos concluyeron que en el año analizado hubo 2.069 agentes que brindaron 45.183 horas cátedra y se ofrecieron 4.612 cursos, de los cuales los efectivamente dictados ascendieron a 3.556 (el 77%).

También sobre los docentes, la Auditoría descubrió unos 19 agentes “no cumplieron con el requisito de título mínimo para el cargo, por no poseer el nivel medio finalizado”, es decir, no habían terminado la secundaria.

Esa fue parte de la información que pudo obtener el organismo de control ya que, según el informe “no fueron suministrados a la auditoría los datos del 34% del personal de los Centros, referidos a los títulos profesionales y áreas de conocimiento de los docentes y de la conducción de los CFP”. 

Y, en cuanto a los alumnos, se contabilizó una matrícula de 61.500 inscriptos, de los que aprobaron 38.180, lo que representa el 62%. 

Lo adecuado

Por otra parte, la AGCBA analizó el estado edilicio de varias instituciones y comprobó, por ejemplo, que en el centro 2 -ubicado en el Hospital Moyano- había “un buen mantenimiento de las instalaciones”, y que en las refacciones participaron tanto el plantel docente como personal del nosocomio “para resolver problemáticas mayores”. 

En el centro 7, que funciona en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza (Perú al 800), hubo “una emergencia a causa de una tormenta en 2017, que consistió en la voladura de dos techos y de dos tanques de agua”. Pese a este panorama, los auditores descubrieron que “las reparaciones se realizaron en tiempo y forma”. Sin embargo, sí se remarcó que “el edificio data del año 1950 y a la fecha no cuenta con puertas de emergencias, ni con la debida señalización”.

Con respecto a los Centros Conveniados con Financiamiento 10 (Flores), 19 (Parque Patricios), 21 (frente a Plaza de Mayo) 27 y 28 (San Telmo) se pudo relevar que “tienen un estado adecuado, las capacidades edilicias son optimizadas a fin de dar las clases en un ambiente acorde a las respectivas necesidades. Se señala que el mantenimiento está a cargo de las propias instituciones”, completó el organismo de control.