El Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), no sabe cuántos bienes debe administrar. Esta es la principal observación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre la labor de la dependencia que está bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal.

La función del ONABE es disponer de los bienes desafectados no concesionados del sistema ferroviario y de los terrenos del Estado que son declarados “innecesarios”.

La conclusión se justifica en una serie de irregularidades como la falta de un sistema único de registro y gestión que permita confeccionar un inventario de inmuebles: “El organismo (tiene) herramientas parciales, desintegradas y disociadas que le impide contar con un soporte de datos apto” para tomar decisiones sobre la gestión de los bienes que debe administrar. A esta “dispersión”, la AGN agrega que el ONABE no elaboró un plan estratégico ni manuales que detallen sus funciones; esto, más allá de que no permite saber si los objetivos del ente se cumplen, provoca que los procedimientos se hagan sin el apoyo de guías que, además, deben estar aprobadas por “acto administrativo”. De hecho, las guías de trabajo vigentes son “informales, desactualizadas y fueron elaboradas por las gerencias o coordinaciones”, completa el informe.

La Auditoría también señaló “algunos aspectos que dificultaron en la elaboración de su labor”, como los 55 días que demoró el ONABE, en promedio, para entregar la información que se le solicitó, y que, por otro lado, no tuvo acceso a la documentación que detallara las altas y bajas de inmuebles registradas desde la creación del organismo, ni del traspaso de terrenos que recibió del ente que lo antecedió, la Dirección Nacional de Bienes. Así, la AGN no logró "cuantificar en unidades físicas y valores monetarios, el universo de bienes” del ONABE, y esto “imposibilitó emitir (una) opinión respecto de la confiabilidad” del órgano auditado.

Sin embargo, en los anexos del informe se incluye un análisis de la base de datos que entregó el ONABE. Allí figuran 4.457 inmuebles no ferroviarios y 11.037 bienes ferroviarios distribuidos en 25 planillas de excell, pero falta más del 30% de la información necesaria para poder procesarlas.

Estas irregularidades inciden en el cumplimiento que hace el ONABE de la Ley 24.146. La normativa habilita a transferir gratuitamente los bienes considerados innecesarios a las administraciones provinciales, municipales y entidades de bien público para que cumplan sus fines de gestión. Los inmuebles deben ser destinados a programas de desarrollo urbano, infraestructura de servicios, parques, unidades sanitarias o escolares, y la construcción de viviendas para familias de bajos recursos. La AGN tomó una muestra de 117 expedientes sobre los más de 10 mil que están sujetos a esta operatoria, y concluyó que el organismo no tiene la celeridad necesaria para transferir los terrenos, de hecho, se detectaron demoras de más de un año, desde el último trámite realizado, en 34 expedientes de la muestra: “La situación no hace más que inmovilizar gran cantidad de predios que, por estar afectados a la ley, no pueden involucrarse a otro tipo de operatoria”, explica la Auditoría. Por otro lado, el ONABE no controla que los bienes sean usados para los destinos que justificaron las transferencias. La AGN descubrió que sólo se inspeccionaron tres inmuebles de su muestra, al que hay que sumarle un caso que fue motivado por una “denuncia de vecinos”.