La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe sobre la gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en el período 2018 y el primer semestre de 2019. El documento -aprobado en febrero de 2022- aseguró que no se "desarrollaron, ni implementaron herramientas que tiendan a garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales previstos en las leyes 25.326, 26.951 y 27.275".

A partir de la creación de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública se designó a la Agencia como un ente autárquico que se desempeña con autonomía funcional. Del mismo modo, la ley 25.326 estableció que la AAIP fuese el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las previsiones legales respecto a la protección de datos personales y de servicio de telefonía y creación del Registro Nacional (ley 26.951).

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Tweet de Agencia de Acceso a la Información Pública

Con respecto al acceso a la información pública, la AGN observó inconsistencias entre la cantidad de solicitudes presentadas por la agencia (4.421 en 2018 y 4.862 en 2019) y los datos consignados en la base “Dataset” -publicados en el sitio web datos.gob.ar- que en 2018 sumaron 3.578 y en 2019, 5.004. 

"No se ha desarrollado, ni implementado herramientas que tiendan a garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales", según AGN.

Además, el organismo de control comprobó que -durante el período auditado- se contestaron 1.965 solicitudes fuera de término y, hasta febrero de 2020, continuaban 240 solicitudes sin ser respondidas. Cabe destacar que, según el informe de AGN, "la Agencia no ha definido procedimientos para verificar la aplicación de sanciones ante incumplimientos, ni impulsa la totalidad de las investigaciones administrativas de oficio en los casos que observen demoras en la contestación". 

En otro tramo del informe se resaltó la cantidad “poco considerable” de solicitudes de acceso a la información al Poder Ejecutivo Nacional si se tiene en consideración la variedad de temáticas y la cantidad de organismos públicos alcanzados.

Transparencia

La ley 27.275 creó al Consejo Federal para la Transparencia como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, teniendo como objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Sin embargo, el ente de control constató que la Agencia “no cumple acabadamente con las acciones que tiene asignadas por el artículo 29 de la Ley 27.275, en tanto lo designa como autoridad de aplicación de la misma”. 

La AGN observó que, durante el momento auditado por el Consejo Federal, se verificó "una marcada disminución en la participación de las jurisdicciones provinciales, que inicialmente sólo alcanzaba un 54%". En detalle, la primera reunión contó con la participación de 13 jurisdicciones provinciales (54%), la segunda con 12 que representan el 50% de las provincias y la tercera se redujo a 7 jurisdicciones (29% de las provincias).

Además, la Auditoría constató que no se obtuvo evidencia de que el consejo haya realizado estudios de avances ni evaluado el grado de cumplimiento sobre transparencia activa y acceso de la información a nivel nacional.

El ente de control nacional accedió a un informe elaborado por el Banco Mundial sobre el Índice de Acceso a la Información Pública en las Provincias Argentinas. El documento afirmó que “si bien el 80% de las provincias cuenta con normativa referida al acceso a la información, solamente un 33% de las jurisdicciones establecen la transparencia activa, y lo hacen con criterios disímiles en cuanto a la información que publican”.

De acuerdo a los datos publicados, se analizó el sitio web de Transparencia Activa y la Auditoría concluyó que “no se valida el contenido, la actualización, la calidad y veracidad de la información publicada por los organismos”.

"Las campañas de difusión realizadas por la Agencia carecen de una planificación adecuada y de mediciones de impacto", afirmó el organismo de control. 

Difusión y capacitación

La AGN observó que las campañas de difusión realizadas por la AAIP carecen de una planificación adecuada y de mediciones de impacto. Se analizaron las actividades para concientizar a la población sobre el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la protección de datos personales, el Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados y el Registro Nacional “No Llame”.

El organismo de control advirtió que la Agencia implementó sólo una acción tendiente a brindar capacitación relativa al acceso a la información pública, pero ninguna sobre protección de datos personales. Se inscribieron 40 agentes provenientes de toda la Administración Pública Nacional, de los cuales sólo concurrieron 26.

Ineficiencias

El informe señaló, por otro lado, que la gestión del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales “es ineficiente”. Durante el período auditado se registró una escasa cantidad de documentos denunciados por pérdida, hurto o robo (6.006 documentos en 2018 y 11.017 en 2019).

La Auditoría también indicó que las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para fiscalizar el Registro Nacional de Responsables de Base de Datos y el Registro Nacional de Base de Datos son inútiles dado que “carecen de criterios para la selección de las entidades a controlar, incumple con la planificación de inspecciones, no establece plazos para realizar la inspección, no establece una metodología de control respecto de la implementación de las recomendaciones y no ha definido parámetros técnicos específicos para realizar la tarea de control”.