La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) advirtió la importancia de “planificar las obras que se realizan en los establecimientos educativos a fin de, por un lado, garantizar la factibilidad de los proyectos y, por el otro, optimizar recursos y gastos”. 

Es que, por ejemplo, observó que la Dirección General de Infraestructura Escolar (DGIES) “contrató en tres obras distintas a la firma Ernesto Tarnousky SA pese a haber tenido varios incumplimientos según documentó la inspección de obra”.

El informe, que evaluó el 2013, detalla que la firma “comenzó a incumplir sus obligaciones contractuales en los trabajos de la escuela ubicada en Sarmiento 2832, allá por agosto de 2012, y continuó haciéndolo durante el resto de 2012 y principios de 2013”.

No obstante, la Dirección le adjudicó otra obra en Callao 450. Recién en febrero de 2013 “se le aplicó la primera multa a la compañía por no cumplir con el contrato de una tercera obra en Esmeralda 285”. Posteriormente, se la multó dos veces más y se le terminó rescindiendo el contrato.

Por la anulación del convenio, y debido a los riesgos que generaba que los alumnos convivieran con las obras, “tuvieron que mudarse a otro edificio mientras una nueva contratista finalizaba los trabajos”. 

Otro caso paradigmático es el de la obra planificada para la Escuela Isauro Arancibia y Adultos 2000, ubicada en Paseo Colón 1318. Según detalla la AGCBA “se le dio inicio sin ubicar al Museo de las Escuelas que ocupaba un sector en la planta baja”. Además, la ejecución demoró tanto que “mientras la planta baja y el subsuelo estaban desocupados, a la planta alta concurrían 200 jóvenes, 38 niños y 40 trabajadores entre docentes y no docentes”.

A su vez, “el único acceso es mediante una escalera, sin rampa ni ningún otro medio alternativo de elevación”. En caso de una emergencia la evacuación sería “difícil”.

Sobre accesibilidad, la AGCBA remarcó que cinco de los nueve casos evaluados “no cumplieron con la ley de accesibilidad física para personas con necesidades especiales”. 

En dos obras muy similares, cuyo objetivo era volver accesibles sus instalaciones, el organismo de control encontró “diferencias sustanciales: en una se abonaron más de $300 mil y en la otra $164 mil pese a que se hizo ocho meses después”.

Pero volviendo a los plazos, la Auditoría encontró que en el 60% de los casos evaluados “se ampliaron los términos otorgados en un 150% más de lo establecido en los contratos originales, lo que evidencia una planificación deficiente en la obra”.

Por ejemplo, los trabajos en la Escuela de Educación Especial N°34 "fueron planeados en 300 días corridos, pero tuvo cuatro ampliaciones sobre la marcha que le sumaron 516 días, totalizando 816 jornadas”. 

Otra de las recomendaciones que realizó la AGCBA es que “lo proyectado responda a las necesidades de quienes lo van a utilizar”. Es que en el Normal N° 9 “se programó un sector central sin ventilación ni iluminación natural y con un tendido de luz inadecuado”. 

En la Escuela N° 15 “el único sanitario que se hizo para las nuevas aulas del tercer piso es de salubridad especial y el tamaño del artefacto resulta inadecuado para los niños pequeños”.

En la N°8, ubicada en Homero 2159 “no se previeron los refuerzos estructurales que requiere toda construcción sobre un arroyo”. En consecuencia, “se tuvo que demoler parte de lo ya hecho y se observaron situaciones resueltas de manera deficiente”, como las aberturas para la colocación de las ventanas, que estaban previstas a 1 metro del piso y que, al demolerse el contra piso, quedaron a más de 1,2 metros.

Finalmente, en lo que respecta a la incorporación de nuevas tecnologías, la AGCBA recomendó que “se capacite a los usuarios para optimizar su utilización” ya que “observaron que el 100% del personal no estaba apto para responder a las dificultades diarias que presentan”.