La Auditoría estadounidense recomienda un proyecto contra la discriminación para trabajadores rurales
El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos recibe no solo acusaciones por parte de los trabajadores del sector, sino también una gran cantidad de juicios, de su propio personal, por discriminación en políticas de contratación, ascenso y antigüedad. La Oficina de Auditoría de los Estados Unidos (GAO) señaló que es necesario elaborar un proyecto integral sobre derechos civiles que abarque todos los sectores de la agricultura.
El informe explica que los empleados padecen discriminación y desigualdad de oportunidades. “Latinos, negros y mujeres” son los sectores que más juicios le iniciaron al Ministerio de Agricultura norteamericano (United States Department of Agriculture – USDA). A raíz de esto, la GAO examinó este año los resultados de los seis informes con recomendaciones – sobre los derechos civiles e igualdad de oportunidades para los trabajadores de los campos- que le dio al ente desde 2002 y los frutos de su implementación.
Cabe señalar que, debido a la gran cantidad de denuncias que el Ministerio había recibido durante el 2002, se crea la Oficina de Derechos Civiles (Office of the Assistant Secretary for Civil Rights – OASCR), una agencia independiente encargada de encausar el tema y asumir el liderazgo en esta problemática, efectuando el seguimiento de las relaciones contractuales entre empleados y empleadores.
¿De qué se tratan las denuncias?
Hay dos grandes grupos de denuncias. El más numeroso consiste en las demandas efectuadas por los trabajadores del Ministerio referidas a discriminación en el proceso de contratación, ascenso y antigüedad. El segundo, abarca las realizadas por actores del mercado agropecuario, asociaciones relacionadas con la actividad y personas que quisieron trabajar en el sector agropecuario, pero no fueron contratadas por cuestiones de grupo étnico de pertenencia, edad, género, etc.
¿Qué sugirió la Auditoría estadounidense?
La primera recomendación fue implementar un plan para la rápida resolución de denuncias y establecer los objetivos y tiempos deseados para sus resoluciones. En el 2012 el organismo de control concluyó que, si bien las denuncias no fueron tratadas tal cual propuso la GAO, el Ministerio de Agricultura tuvo un “progreso significativo”. La segunda, incitó al USDA a hacer un control sobre los datos y la verificación de las denuncias hechas a la Oficina de Derechos Civiles. De este modo, los auditores aseguran que así las denuncias ganaron en precisión. Al igual que la anterior advertencia, el progreso fue “sostenido”, pero no completo.
Sin embargo, los estudios demográficos sobre los empelados del campo y la resolución legal de las anteriores denuncias de discriminación fueron dos de las recomendaciones mejor tratadas por el USDA, según la GAO. La primera consiste en la petición de presupuesto a la oficina de Gestión y Presupuestos (agencia dependiente del gobierno) para poder realizar los estudios demográficos necesarios y obtener los datos exactos sobre la cantidad y etnicidad de personas que actualmente trabajan en la agricultura. La segunda sugerencia establece que debe haber un plazo de dos años para que el Ministerio de Agricultura resuelva todas las denuncias.
Según explica el informe, la única advertencia que todavía falta mejorar es el desarrollo de estrategias de derechos. Es decir, la elaboración de un proyecto que abarque todos los sectores de la agricultura que corresponden al USDA, de modo que no quede ningún trabajador fuera del nuevo sistema de derechos civiles.
Los resultados
En 2011 la GAO inspeccionó en qué medida había disminuido la cantidad de denuncias y juicios. Esta vez la auditoría encontró que las estrategias, habían generado una mejora en cuanto a las nuevas políticas de igualdad del Ministerio. Las demandas efectuadas por parte los empleados habían llegado a un máximo de 1.210. Luego de la intervención de la OASCR y de todas las medidas implementadas por el USDA, se redujeron a 898, en un plazo de tres años.
En cuanto a las denuncias hacia los programas del Ministerio de Agricultura, disminuyeron de 806 a 591. Según la auditoría estadounidense, la Oficina de Derechos Civiles logró solucionar todos los juicios en dos años, tal como lo había recomendado la GAO en los primeros informes.