Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), hay tres obras de “relevante importancia” para prevenir inundaciones, que “se encuentran paralizadas desde un tiempo considerable”, lo que demuestra una “significativa afectación de la eficacia” del Estado porteño.

El organismo de control aprobó en julio de este año un informe en el que analizó el desempeño de la Dirección de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano. En el trabajo se destacó, entre varias observaciones, que la Ciudad dio anticipos de hasta $ 12 millones para un emprendimiento que fue frenado por su “deficiencia”, aunque el dinero “no ha sido reintegrado por la contratista”, y que incluso se llamó a una licitación “sin contar con fondos para afrontarla”.

Por ejemplo, en la construcción de los canales aliviadores de la Cuenca Ochoa, se adjudicó la obra a la empresa Vialco S.A., por un monto de $ 50.395.635,60, y con una ejecución prevista de 22 meses. Corría diciembre de 2008. Unos días después de la adjudicación, la compañía presentó una alternativa para terminar el trabajo en 20 meses. A cambio, la firma pidió un anticipo financiero para acopio de materiales de $ 12.598.908,90, monto que representaba un 25% del contrato. En febrero de 2009 se suscribió la Contrata que incluía todas las propuestas de Vialco.

Pese a la celeridad, a partir de ese momento surgió un “significativo número de interferencias de compleja resolución”, lo que provocó que la firma pidiera prorrogar el inicio de los trabajos, previsto para julio de 2009. Estas interferencias, “mayores a las consideradas en el pliego -dice la Auditoría-”, estaban relacionadas a los planos entregados por las empresas concesionarias de servicios públicos. Es que esos documentos mostraban elementos que debieron haber sido removidos antes de la “aprobación de la planimetría final del conducto pluvial”.

Ante este panorama, las partes decidieron de común acuerdo rescindir el contrato. El organismo de control destacó que “las deficiencias del Proyecto Ejecutivo condujeron a que la obra se encuentre paralizada y con neutralización de plazos, dejando sin ejecución (un emprendimiento) integrante del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico”. Asimismo, los auditores añadieron: “El anticipo financiero recibido por la contratista no estaba previsto en el Pliego de Bases y Condiciones que regló la licitación, pero además no ha sido reintegrado por la Contratista una vez producida la paralización de la obra”.

Otro proyecto analizado por la AGCBA fue el que estaba previsto para el control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano.

Sobre este caso, los técnicos notaron que, si bien la Ciudad había llamado a una licitación para octubre de 2010, en los trámites se obvió un paso clave: “Los pliegos -sostiene el informe-, no fueron remitidos a la Procuración General”.

“En su momento, el Ministerio de Desarrollo Urbano remitió un borrador de dichos pliegos y la Procuración General señaló que se expedía `a modo de colaboración`, ya que `no ha sido remitido para su análisis el pliego de bases y condiciones generales` por el que habrá de regirse la obra de referencia”, amplía la AGCBA.

Pero la investigación pone de relieve otro dato: “Al momento del llamado a Licitación, no se contaba con la totalidad de los fondos necesarios para afrontarla. Asimismo, se observó que los pliegos licitatorios establecían que los oferentes debían proponer (al Gobierno porteño) un modo de financiamiento, a pesar de no contar éste con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad para dicha operación. Esta situación debió ser subsanada más de un año después, a través de la sanción de la Ley 3226”, que autorizó al Ejecutivo local a contraer un préstamo por 123 millones de dólares.

Durante la realización de la investigación, el Ministerio de Hacienda de la Ciudad le informó a la Auditoría que “las negociaciones (del préstamo) están paralizadas por la falta de autorización del Banco Central de la República Argentina” para la tramitación de los avales que permitan el endeudamiento. Además, el organismo de control señala que no puede emitir opinión al respecto, porque no le fue suministrado el número de expediente a través de cual “se estaría tramitando la obtención de esos avales”.

Pese a todo, en mayo de 2009 se labró un Acta de Preadjudicación de la obra a favor de una unidad transitoria de empresas conformada por la Constructora Andrade Gutiérrez y la ya mencionada Vialco S.A, “no habiéndose emitido -al cierre de la auditoría- el acto administrativo aprobatorio de la preadjudicación”, informa la ACGBA y resalta la “tardanza en los trámites para viabilizar (el emprendimiento), a pesar de haber sido calificado de necesidad imperiosa por el Gobierno de la Ciudad”. 

Por otra parte, hay un proyecto que, si bien está paralizado desde octubre de 2010, en rigor los últimos avances de las obras se registraron a mediados de 2008. Se trata de los canales aliviadores de la Cuenca Erezcano.

En este caso, cuenta la Auditoría que la contratista llevó adelante un relevamiento de las características de la zona donde se haría el emprendimiento y que ese estudio había sido aceptado por la Ciudad. Pero a la hora de elaborar la documentación licitatoria se volcaron datos “significativamente diferentes” a los recabados por la empresa, lo que provocó que la construcción “se encuentre paralizada y con neutralización de plazos, dejando sin ejecución una obra integrante del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico”.

El organismo de control puntualiza que “las diferencias entre la documentación licitatoria y el relevamiento realizado por la Contratista están dadas por las condiciones del suelo, remoción de interferencias de servicios públicos no previstas, diferencias topográficas y de replanteo planimétrico, diferencias en cuanto a longitudes de conductos y cotas previstos originalmente”.

Sobre este emprendimiento en particular, la Auditoría de la Ciudad completa: “Se reconocen problemas en cuanto a la demora en el pago de certificados de obra y aprobación de redeterminaciones de precio, que generan sucesivos reclamos por parte de la Contratista. En la actualidad -es decir, al momento del informe-, se está evaluando la posibilidad de rescindir el Contrato de común acuerdo, en caso de que no resulte viable la prosecución de la obra”.