“Pudo verificarse el aporte sostenido y en crecimiento de la CABA que, con la menor relación geográfica y poblacional, cumplió con los compromisos”, concluye el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que evaluó las transferencias enviadas para la conformación del Fondo de Compensación Ambiental entre 2010 y 2013.

Ese Fondo es administrado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y debe ser destinado a “la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”. 

La Ciudad de Buenos Aires, mediante la ley N° 2217 adhirió a la ley Nacional N° 26.168 y en consecuencia “adquirió el compromiso de aportar al Fondo”.

La AGCBA expresó que “a diciembre de 2013 se observa que el mayor aporte lo hizo la Nación (85%)”. Después sigue la Provincia de Buenos Aires que “transfirió un  9% y tuvo importantes recortes entre 2011 y 2013 equivalentes a $70 millones” y por último la Ciudad que “contribuyó con el 5% del total y tuvo un incremento en diciembre de 2013 de $1 millón”. 

Pero si se tiene en cuenta el aporte per cápita, la Ciudad aportó más que la Provincia.


El trabajo de los auditores va más allá del periodo auditado y señala que “en 2014 la CABA aportó $44, 5 millones, lo que representa un aumento del 177% en relación al 2011”.

En cuanto a materia presupuestaria, la AGCBA indicó que “los presupuestos son un elemento a ordenar, priorizar y planificar”. 

La ACUMAR, a través de su Consejo Directivo, aprueba los presupuestos plurianuales y el anual del siguiente ciclo. La asignación de dinero a cada línea de acción “no se encuentra predeterminada ni se fijó un criterio o porcentaje de distribución”. 

La falta de definición de cronogramas de transferencias, como la de indicadores que establezcan un mínimo de aporte, “ponen en riesgo la continuidad del fondo y del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”.  

En el informe se destaca que “la ACUMAR decidió conformar, para la administración del Fondo de Compensación Ambiental, un fondo fiduciario que quedó aprobado por el Comité Directivo en julio de 2010 pese a la abstención de la CABA”.

Ante esta situación, “el representante del Gobierno porteño dejó constancia que si bien acata la decisión, no está en conformidad” y, además, “asume una función de controlador de la administración del fideicomiso”.

En otro apartado la AGCBA explica que “el presupuesto 2014-2016, aprobado en septiembre de 2013, no tuvo el visto bueno de la CABA ya que se hizo omisión a su reclamode participar activamente de su elaboración”, pedido que la Auditoría consideró “oportuno”