El Programa nacional Remediar más Redes (R+R) tiene como objetivo entregar medicamentos, lo hace desde 2002, pero con el nuevo desafío de hacerse fuerte en las provincias “como parte de un proceso de implementación de una estrategia de atención primaria de la salud (APS)”.

Para poder llegar de la mejor manera a las distintas jurisdicciones se deben crear estratégicamente “redes” con metas a cumplir, indicadores para evaluar el desempeño y fondos a asignar. 

Las provincias interesadas “tenían que presentar un proyecto de fortalecimiento de una red de salud que abarcara al 30% de la población total de la provincia”.

Pero según la Auditoría General de la Nación (AGN) “hubo un diagnóstico insuficiente de la situación socio-sanitaria inicial que fundamentó y orientó las intervenciones”. Para arribar a esta conclusión el equipo solicitó a dos áreas del Programa los diagnósticos y, de ambos sectores, obtuvo respuestas diferentes.

La Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Internacional, del Ministerio de Salud, presentó un Documento de Evaluación del Proyecto que para el organismo de control resultó “insuficiente, ya que es solo una descripción de la solución a un problema que no se explica ni se especifica”.

Por su parte, la Unidad Ejecutora Central (UEC) envió otra información, que “no tiene fecha, ni carátula que describa algunos puntos de los requeridos para un diagnóstico” y, principalmente, “no justifica la creación del componente Redes, la definición de metas intermedias, ni finales” entre otras cuestiones.

El informe evaluó desde 2009 hasta el primer semestre de 2013 el plan R+R. Su financiamiento es en parte con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aportó U$S 230 millones, y con un aporte local de U$S 57,5 millones. El convenio del préstamo “se firmó el 4 de noviembre de 2008 y tenía un plazo de ejecución de 66 meses”.

Por otro lado, el Programa “incumplió con el Reglamento Operativo (RO) ya que no tenía un plan de monitoreo ni de evaluación del R+R”. El informe de la AGN expone que “solo se realizaron cinco actividades de evaluación entre 2009 y 2012”. Encima, se evidencia “un alto grado de desconexión entre ellas y la utilización de diferentes metodologías y actores responsables”, lo que las vuelve incomparables entre sí.

La ausencia de un proyecto de evaluación “que otorgue coherencia a todas las acciones y establezca pautas claras de ejecución debilita el sistema de control del programa y no permite que se reorienten actividades y recursos a fin de optimizar los resultados de la intervención”.

El Reglamento Operativo, que rige el funcionamiento y las pautas de los compromisos provinciales, se firmó en 2010; pero “tres meses antes Tucumán había firmado su compromiso de gestión”. 

En marzo de 2012 entra en vigencia el segundo RO que “modificaba los mecanismos de financiamiento de los proyectos provinciales de manera retroactiva a septiembre de 2011”. Así, “las 11 provincias que habían firmado sus acuerdos tuvieron que realizar las adendas correspondientes, tres de ellas (Corrientes, Buenos Aires y Chaco) a menos de un año de haber celebrado la original”.

Al año siguiente se volvieron a realizar reformas que se efectivizaron en mayo de 2013 y “se ajustaron, por tercera vez, los modos de liquidación de fondos jurisdiccionales”.

Todas estas modificaciones, para la AGN, dificultan la internalización de los participes del programa lo que se traduce en “demoras en la implementación, mal uso de los recursos humanos, materiales y financieros asignados”.

Por último, el informe señala que el Primer Reglamento Operativo del Programa R+R “fue elaborado con datos históricos”. Puntualmente, los del Censo 2001 “pese a que el momento de su formulación estaban “considerablemente desactualizados”.