Maltrato infantil: toda acción u omisión que lesione o pueda lesionar potencialmente al/la niño/a, e interfiera en su desarrollo psicofísico, emocional y social. 

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que, durante 2023, el 38% de las presentaciones recibidas en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires involucró a niñas, niños y adolescentes. Y que de esas exposiciones, el 96% fueron víctimas de maltrato psicológico o emocional, 34% de maltrato físico y 9% de violencia sexual. Si bien no es un problema nuevo, el registro de los casos aumenta con el correr de los años y crece la demanda de especialistas para su atención. 

Desde 1988, en el Hospital de Niños Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) funciona una Unidad de Violencia Familiar y Maltrato Infantil que atiende a niños, niñas y adolescentes mediante un equipo interdisciplinario de diagnóstico y tratamiento. Este plan debía extenderse a otros centros de salud, pero no ocurrió, por lo que es la única unidad de violencia familiar del GCABA destinada exclusivamente a la problemática.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) analizó el funcionamiento, cumplimiento de objetivos y la dotación de personal del servicio. El periodo analizado fue 2022. Encontraron que faltan profesionales para responder a la creciente demanda, que se priorizan los casos según la gravedad debido a este déficit y que no hay rotación del personal, tal como lo especifica la normativa. Además, observaron fallas en el registro de historias clínicas y en la elaboración de datos estadísticos, entre otras irregularidades.

MALTRATO INFANTIL: Faltan profesionales en el Hospital Elizalde

Pocos profesionales para mucha demanda

La Unidad de Violencia Familiar del Elizalde está conformada por tres áreas: Admisión, Atención Ambulatoria e Interconsulta. Por la Admisión ingresan los pacientes que se acercan al servicio por primera vez y los pedidos de evaluaciones por parte de los juzgados. En Atención Ambulatoria, se elaboran los informes preliminares de las víctimas tratadas y los documentos con los resultados solicitados por los organismos. También es desde esta área que deben informar a las víctimas de violencia los derechos reconocidos en la Ley 1688, aunque no hay registro de que esto suceda. 

Finalmente, el sector de Interconsulta trabaja con pacientes internados y elabora informes tanto iniciales como de estrategias de externación. Debido a la cantidad de solicitudes de atención y escasez de profesionales, se priorizan algunos casos para la asignación de turnos ambulatorios. Los primeros en atenderse son las causas de abuso sexual intrafamiliar, los pacientes que se encuentran en hogares convivenciales, los que pueden asistir a las citas programadas (cercanía, disponibilidad de traslados), quienes sufren de alguna enfermedad inducida por cuidadores (Síndrome de Munchausen), los que son atendidos en el hospital por alguna patología o por pedido especial de juzgados.

Una de las fallas detectadas fue que no se escanea documentación, como dibujos hechos por los pacientes, para sumar a la historia clínica digital.

La AGCBA advirtió que el registro de las historias clínicas de los pacientes atendidos en la Unidad es mixto: hay un archivo en papel, que incorpora los dibujos realizados por los pacientes y los oficios judiciales; y se realiza una ficha en la historia clínica digital del Sistema Operativo SIGEHOS. No se escanea la documentación para incorporarla al registro digital ni se generó un mecanismo que impida la visualización irrestricta, sin previa autorización, de la información sensible de la historia del paciente.

De acuerdo a un informe presentado por la Unidad, en respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo de CABA, durante 2021 se realizaron 261 admisiones (113 varones y 148 mujeres), mientras que en 2022 fueron 245 admisiones (60 varones y 119 mujeres), vinculadas a la vulnerabilidad de niños. La mayoría de los casos fue por abuso sexual.

Sobre esta información, la Auditoría indicó que “fue parcial” y que no hallaron “uniformidad en la elaboración” de la misma. El jefe del Servicio señaló que los indicadores y/o estadísticas son elaborados a pedido, dado que no cuentan con personal para hacerlos de manera frecuente. Para obtenerlos se basan en el Registro de Admisión (de anotación manual) y no del sistema. 

Espacios reducidos

En relación a la infraestructura, el Servicio cuenta con “espacios físicos, aunque reducidos” y que están “bien acondicionados”. Según el informe, la Unidad dispone de un office de cocina, sala de reunión de médicos, dos consultorios, un baño y un depósito de Historias Clínicas. Dicho depósito, que posee una carga de fuego elevada (papel y elementos combustibles), no dispone de detector de humo o fuego como así tampoco elementos extintores de incendio. Adicionalmente, se utiliza un consultorio en la planta superior, que se encuentra en buenas condiciones.

La Auditoría detectó que no hubo ante Defensa Civil un plan de emergencias de evacuación - autoprotección, ni de simulacros.  

Debilidades administrativas

La AGCBA detectó incumplimiento de los artículos 25 y 27 de la Ley 1.688 de la Ciudad de Buenos Aires. La norma establece que se debe realizar una rotación de los profesionales a fin de evitar un alto nivel de exposición continua en el tiempo. El recurso humano con que cuenta el servicio impide dar cumplimiento a la rotación mencionada. 

“Pese a los reiterados pedidos de recurso humano por parte del servicio de violencia familiar a la Dirección General de Hospitales, no se han obtenido los recursos adicionales necesarios”, se expresa en el informe. Según se le indicó al organismo de control, para tener una dotación mínima se deberían incorporar dos licenciados en Psicología y un/a de trabajo social. Para arribar a la dotación óptima se deberían sumar cinco profesionales en Psicología, dos trabajadores/as sociales, un médico/a pediatra y un abogado/a.

Por otra parte, la AGCBA no encontró manuales de procedimientos ni circuitos administrativos, con sus respectivos controles, formalmente implementados. “La situación planteada da lugar a vacíos sobre los circuitos administrativos a seguir, los niveles de control y los responsables de su ejecución, afectando la uniformidad en la ejecución de los procesos, a la vez que puede originar eventuales demoras u omisiones en el desarrollo de las tareas y sus respectivos controles”. 

Cabe resaltar que durante el período auditado, el Servicio desarrolló su actividad en el contexto de la pandemia de COVID-19 y con las limitaciones derivadas de tal situación.