El Estado Nacional tenía a su cargo las obras para mejorar 7.900 kilómetros de las principales rutas nacionales. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que esos trabajos fueron incumplidos en un 51% en el plazo estimado.

Según manifiesta el informe aprobado este año, en octubre de 2003 se realizó (por el sistema de concesión por peaje) la adjudicación de seis corredores viales que forman parte de la red troncal de rutas. Cada uno está dividido en dos tramos, el “A” y el “B”. El primero, que está “a cargo exclusivo de los concesionarios, es el que se encontraba en buen estado de conservación” al momento de la concesión y para el cual “no se preveían Obras Mejorativas (OM)”.

Por su parte, el tramo denominado “B”, que constituye el 63% de la red vial, es el que “necesitaba inversiones en OM para alcanzar un adecuado nivel de calidad”. Este tramo está a cargo del Estado Nacional. Para estos recorridos la concesión tenía previsto “un plan de obras a ejecutarse entre el 2003 y el 2008”. Esto quiere decir que el Gobierno “se reservó -para sí- la ejecución de las obras necesarias” para estos tramos.

Sin embargo, el informe, que analizó el período 2003-2007, resaltó que de los 4.985 kilómetros sobre los que debía trabajar el Estado, sólo “fueron ejecutados alrededor de 2.440 kilómetros, es decir el 49% de lo previsto”.

Los montos de inversión previstos, por un Decreto de Necesidad y Urgencia, para las obras de mejora ascienden $ 756 millones y “provienen de fondos del fideicomiso cuyos ingresos se conforman con la tasa de comercialización del gasoil”.

La AGN remarcó que “la falta de planificación estratégica y coordinación afectó la eficacia de las obras” y, agregó, que “durante el primer año todas las tareas se realizaban con personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) o del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)”.
 
La unificación de las obras “en el ámbito del OCCOVI generó demoras debido a un cambio en el ordenamiento jurídico para la contratación y la ejecución de la obra pública”.

Es que en un comienzo fue la DNV la encargada de implementar la ejecución de los trabajos de mejora, “encargándose de los llamados a licitación, selección, adjudicación y aprobación de los desembolsos para las obras”. En agosto de 2004 “la DNV y el OCCOVI acordaron reglamentar el seguimiento de tareas mejorativas creando una Unidad de Seguimiento constituida por un representante de cada uno de los entes”. Pero, esta nueva unión duró poco ya que cuatro meses después, por decreto, “la contratación y la ejecución de las construcciones” le fueron delegadas al OCCOVI “a fin de dar más celeridad y eficiencia a la resolución de las distintas  situaciones que se planeen en las rutas nacionales concesionadas”.

En 2005 este panorama cambió nuevamente, por una resolución del Ministerio de Planificación, y se “formalizó un nuevo acuerdo entre la DNV y el OCCOVI acerca de las incumbencias de cada uno respecto de las Obras Mejorativas: de las 83 obras que debían ejecutarse durante los dos primeros años, la DNV continuaría con la realización de 54 y 29 quedarían a cargo del OCCOVI”. Además, “para los años siguientes todas las obras serían licitadas exclusivamente” por éste último.

Finalmente, a través de un decreto firmado en julio de 2009 “se transfirió el OCCOVI a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y se delegó en ésta todas las facultades para contratación y ejecución de construcciones en el marco de la Ley de Obra Pública”.

Demoras en las obras viales

Los auditores informaron que “la ejecución de obras muestra desfasajes desde el primer año de concesión, demorándose los llamados a licitación y adjudicación y no cumpliendo con el calendario de obras previsto en los Pliegos de Concesión”.

Además, se explica que el tiempo que se tardó en concretar el inicio de los trabajos “excede razonables pautas temporales” en cuanto a “celeridad y eficiencia”. Según consta en el informe, “en el 35% de las obras el lapso transcurrido entre la apertura de sobres (de las ofertas) y el acta de inicio –de las mismas- supera los 6 meses” y en los trabajos “contratados directamente por el OCCOVI es de casi 12 meses”.

Estas demoras, señalan los auditores, “luego repercuten en la ejecución de las obras porque la mayoría de las modificaciones de los proyectos solicitados por los contratistas se debe al tiempo transcurrido entre la elaboración del plan y el inicio de las obras”. De hecho, los plazos de los trabajos a cargo de la DNV “se duplicaron” y los del OCCOVI “no pudieron ser comparados porque se encontraban en ejecución al momento de la auditoría”.

Gastos de mantenimiento

Las demoras en la ejecución de las obras también afectaron en los denominados “gastos de mantenimiento” que son aquellos a los que debe incurrir el concesionario en el caso de que el Estado “no ejecute los trabajos de mejora en los plazos indicados”.

Siguiendo con los reclamos de los concesionarios “por los mayores gastos incurridos en el mantenimiento” los datos brindados por el OCCOVI difieren a lo declarado por los concesionarios. El organismo de control vial informó a la AGN que el Estado le reconoció a las empresas concesionarias “un monto de $1,4 millones por obras mejorativas no ejecutadas en término”. Para la Auditoría esta información es “incompleta” y “carece de homogeneidad” (se tomaron obras a valores de 2006 y 2008). Sin embargo, “lo reclamado por las concesionarias ascendió a $2.578.008”.

El organismo de control concluyó que “el mecanismo de reconocimiento de gastos de mantenimiento puede ser adecuado para retrasos eventuales, sin embargo, se muestra técnicamente insuficientes para las demoras significativas ya que cuando los tramos alcanzan un determinado grado de deterioro (por la falta de la obra adecuada en el momento oportuno) las tareas de mantenimiento dejan de ser eficaces, no garantizando adecuadas condiciones de transitabilidad”.