La Auditoría General de la Nación detectó que “el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas tuvo un escaso nivel de ejecución durante sus primeros años”, que no alcanzó al 5% del total.  Así lo manifestó en su informe aprobado en junio de este año, que tuvo como objetivo analizar la labor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

El INAI se fundó en 1985 con el objetivo de, “a través de la creación de canales interculturales, implementar los derechos de los pueblos indígenas”. El organismo depende el Ministerio de Desarrollo Social y una de las acciones principales era la de “ejecutar el Programa Nacional de Relevamiento Territorial (RETECI)”, de las superficies que ocupa cada comunidad, con la asistencia Técnica de la Universidad Nacional de Lanús.

El Plan, cuyo plazo de ejecución fue extendido hasta el 23 de noviembre de 2013, “cuenta con un fondo especial de $10 millones anuales destinados a solventar los gastos que genere el relevamiento”. Sin embargo, según informó la AGN, tuvo un bajo nivel de ejecución, de un 4,22%, en tres años”.

Hay dos formas de relevamiento, que dependen de la densidad de población indígena: En las provincias con mayor cantidad de habitantes originarios  se promueve la ejecución descentralizada, que está a cago de una Unidad Ejecutora Provincial compuestas por delegados del Consejo de Participación Indígena, representantes del Poder Ejecutivo provincial y miembros del Equipo Técnico operativo. También está el accionar centralizado, que se utiliza en los terrenos menos poblados, y en donde participan en forma directa equipos técnicos dependientes del INAI y de las provincias.

En la última modalidad, según observaron los auditores,  el relevamiento territorial “fue ínfimo”, registrándose una realización del 3,87% (56 de las 1146 carpetas de las comunidades). En los siguientes cuadros se puede observar cómo fue el desempeño del objetivo en cada provincia según cada tipo de relevamiento:
 


Las once provincias que realizan el programa de Relevamiento Territorial de manera descentralizada reciben fondos del INAI. De ellas, hay seis “que no rindieron cuentas”, es decir, no justificaron en qué gastaron el dinero recibido. La suma no rendida representa el 68,59% de los más de $24 millones. 

A continuación se puede observar qué provincias rindieron, cuáles no y qué porcentaje de los gastos fueron respaldados con documentación.
 


Ante esta situación, la Auditoría Nacional recomendó “aplicar los mecanismos de control necesarios para corregir los retrasos en materia de rendición de cuentas sobre las transferencias de fondos”.

¿Qué relación había con la Fundación ArgenINTA?

Según consta en el informe aprobado en junio de este año, el INAI firmó en 2007 un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el fin de “promover el desarrollo en las comunidades rurales indígenas, capacitar y generar líneas de trabajo para fortalecer a esas sociedades”. En relación a este pacto, la Fundación ArgenINTA “es la encargada de administrar los fondos del organismo auditado para contratar recursos humanos, técnicos y/o profesionales y para la adquisición de bienes”. Por ello, la Fundación percibe un porcentaje en concepto de “Comisión por gastos administrativos y técnicos”, pese a que “no existe un negocio jurídico formal entre el INAI y la institución en cuestión”. Además, señaló que “no hay fundamentaos que justifiquen la tercerización del servicio de administración de los fondos que le pertenecen al Instituto de Asuntos Indígenas por el Presupuesto Nacional”.

¿Y con la Universidad Nacional de Lanús?

En 2007 la Universidad firmó un convenio con el INAI bajo el cual “se acordó llevar adelante un proyecto para la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas” en el cual el ente educativo se encargaba de la operatoria, designación y contratación del personal (profesional y no) para tal fin. En su inicio, se le transfirieron a la universidad más de $5 millones, en tres cuotas”. En 2009 “se extendió el plazo de ejecución y se asignó un adicional de $1,3 millones”. En 2010 “se volvieron a prorrogar las tareas y se destinaron casi $15,6 millones”. AGN señaló que  “de los más de $11,5 millones transferidos por el INAI entre septiembre de 2009 y noviembre de 2010, la UNLa sólo había rendido, hasta julio de 2011, $3,2 millones”.

Por otra parte, los auditores observaron que, a través de esta modalidad de trabajo, “no se garantiza el cumplimiento efectivo de la normativa legal y reglamentaria vigente para la Administración Pública en lo referente al tema de las contrataciones de recursos humano y de bienes y servicios que realiza la Universidad”.

Control de gestión

La Auditoría encontró  “situaciones muy dispares”  en cuanto a las metas físicas presupuestadas y ejecutadas por el Instituto para el año 2010. En el siguiente cuadro se pueden apreciar desvíos que van desde el 66,67% en menos hasta el 81% por encima de las previsiones. Sin embargo, en palabras del organismo de control, “el INAI no analiza, ni justifica, ni sabe las razones de ello”.
 


La AGN también señaló que el Instituto “no cuenta con un sistema que permita identificar los grados de avance o niveles de cumplimientos alcanzados” que permitan “evaluar la gestión”.