La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) evaluó el sistema de control interno de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) correspondiente al año 2019. El organismo expuso la existencia de diversas “falencias" relacionadas con subsidios, reintegros y rendición de cuentas, control prestacional, marco regulatorio de la medicina prepaga, atención y servicios al usuario, y mecanismo de integración. 

Al control interno se lo considera un sistema constituido por los planes, métodos, procedimientos y aspectos de la cultura organizacional con los cuales se tramita el cumplimiento de objetivos institucionales. En este caso, el referido a la SSS resulta “débil”, en la medida en que presenta falencias que afectan sus principales operaciones.

Por otro lado, el informe -aprobado en diciembre de 2020- indicó que permanecen "pendientes de resolución” aspectos vinculados con organización, plan estratégico y plan operativo, patrimonio y sistemas de información en las áreas de apoyo.

Fallas en los sistemas informáticos

La SIGEN advirtió sobre la “falta de una base de datos confiable” que permita obtener información histórica integral.

El organismo de control advirtió sobre la “falta de una base de datos confiable” que permita obtener información histórica integral. El objetivo de esta herramienta es conocer, desde el punto de vista informático, el estado en que se encuentran registrados los subsidios entregados por la Administración de Programas Especiales (APE), que fuera absorbida en el año 2012 por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En otro tramo del informe, la Sindicatura señaló la “ausencia de un sistema informático” con soporte institucional que contemple la operatoria de la Gerencia de Control Prestacional en lo que se refiere al Programa Médico Asistencial (PMA) y Cartillas. 

Asimismo, se examinó un software dedicado a la realización de cuestionarios y carga de información. La SIGEN notificó que este procedimiento es externo al organismo, de libre acceso por internet y no desarrollado por la Gerencia de Informática, por ende alertó respecto de la integridad de la información.

“No se cuenta con sistemas de información necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (Ley N 24.901)”, aseveró el documentó del ente. 

Existen numerosas bases de datos diseminadas en distintos sectores del organismo, las cuales al no estar implementadas o acordadas por la Dirección de Informática pueden ver afectadas su confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad y seguridad, además de su desactualización.

La SIGEN identificó 5.636 expedientes pendientes de pago por un total de $173.563.064,46.

Procesos pendientes

Los auditores identificaron 5.636 expedientes pendientes de pago, anteriores a la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que alcanzan un monto de $173.563.064,46. 

Es importante considerar que el área de control de la Gerencia Económico Financiera no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos formalmente aprobado para el desarrollo de las tareas referidas a la evaluación de Balances, Presupuestos y Estados intermedios. 

Inconsistencias

Los registros de reintegros arrojaron “fechas de carga inconsistentes” al compararlos con formularios presentados por las obras sociales, no pudiendo constatarse el momento real de presentación. Como consecuencia, SIGEN expuso que esta falla genera un “atraso en el recupero de los fondos” por parte de las Obras Sociales de importes ya pagados por las mismas.

La Sindicatura constató “falta de integridad” entre la información provista por la Gerencia de Administración con referencia a los pagos establecidos en los convenios suscriptos y los datos suministrados por la Gerencia de Sistemas de Información, verificándose una diferencia de $37.695.716,83.

Incumplimientos

De acuerdo al documento, se pudo comprobar “un alto grado de morosidad y de incumplimiento” sobre las presentaciones en la entrega de los Estados Contables y los Estados Intermedios que deben efectuar las de Entidades de Medicina Prepaga requeridos por la normativa vigente. Lo que implica una falta normativa y la imposibilidad de evaluación oportuna de la situación económica financiera de las Entidades. 

En lo que respecta a los mecanismos de integración, la Superintendencia no puso a disposición de las Obras Sociales los correspondientes instructivos para la presentación de las Declaraciones Juradas sobre la utilización de los fondos recibidos para ser aplicados en beneficiarios con discapacidad. 

Además, no se comprobó la realización de ningún tipo validación de la información con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta situación “puede ocasionar un perjuicio económico, ya que podrían pagarse prestaciones a beneficiarios que no cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.