Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que, hasta octubre de 2015, siete de cada 10 sedes de la ANSES eran alquiladas, que varias de esas oficinas tenían sus contratos vencidos y que, además, el ente previsional enfrentaba unos 25 juicios por desalojo. 

Los datos figuran en una investigación, aprobada a fines del año pasado, sobre compras y contrataciones que hizo el organismo entre 2012 y 2014. En ese documento se detalla que la ANSES contaba con un total de 428 inmuebles de todo el país y que, de ese total, “311 son propiedad de terceros”, es decir el 72,6%.

Asimismo, la Auditoría añadió que la ANSES pagó obras de refacción en sedes alquiladas que, justamente por esos trabajos, “incrementaron su valor locativo”, dice el informe. El tema es que, según se descubrió, el ente no negoció que se le reconozcan sus desembolsos a la hora de redeterminar alquileres para recuperar algo de la inversión realizada.

Además, la AGN observó que “el canon locativo ofertado por el locador supera el recomendado por el Tribunal de Tasaciones”.

Los alquileres ofertados por los locadores superaban lo recomendado por el Tribunal de Tasación.

Y, para completar el cuadro, los técnicos analizaron otros ejemplos de refacciones y remodelaciones de locales -que la ANSES hacía mediante la modalidad de obra pública-, en los que se observó “faltantes de constancias o procedimientos (como) cuadros comparativos de ofertas, modificaciones de contrato original que por sus características hubieran justificado nuevas licitaciones, certificados de visita a obras firmados por el mismo agente en distintas provincias, y omisión de publicación en el Boletín Oficial”.

El Correo

Más allá del alquiler de inmuebles, el organismo de control también analizó contrataciones directas de la ANSES, como la que hizo con el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA) para que imprimiera, ensobrara y distribuyera el llamado Informe Periódico de Aportes (IPA). 

La ANSES no demostró qué criterio usó para elegir los afilados que recibieron los informes de aportes.

Por esa operación, la Auditoría comprobó que el ente previsional “le entregó un anticipo a CORASA de $ 26.427.000 por envíos que debían realizarse en 2013”. Sin embargo, dos años después, no había detalles sobre el 60,2 por ciento de ese dinero. Dijo la Auditoría: “Según los antecedentes puestos a disposición al 5 de mayo de 2015, $ 15.980.035 de ese adelanto se hallaban pendientes de rendición, no encontrándose cumplida la respectiva orden de compra por los servicios que tenía que prestar el Correo Oficial”.

Paralelamente, a la AGN objetó que “no se tuvo evidencia (sobre) qué criterios utiliza la ANSES para seleccionar los afiliados a los cuales se les envió el informe IPA”. 

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Por otra parte, la investigación resaltó dos licitaciones públicas que hizo el ente previsional para servicios de publicidad y que fueron adjudicadas a la firma Braga Menéndez por $ 33.823.740, en concepto de creatividad, estrategia, planficación y producción.

Sobre esos pagos, que abarcaron los años 2013, 2014 y 2015, la AGN señaló que “no se obtuvo evidencia que permita determinar la razonabilidad de los precios topes en cada módulo de producción comunicacional”.