La Auditoría General de la Nación evaluó la gestión ambiental del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. Falta de aprobación de obras, escasez de información e incumplimientos en la licitación fueron algunas de las fallas detectadas.

El programa está estructurado en dos componentes y el foco del análisis estuvo puesto especialmente en el desarrollo y la transferencia de tecnologías, dejando fuera del informe de control lo vinculado a la gestión.

Si bien se contempló que los plazos para el cumplimiento de las metas fueron extendidos, las medidas tomadas en pos de esos objetivos no fueron las necesarias para alcanzar los resultados estipulados e incluso se registró falta de acciones en algunos aspectos.

Durante el período auditado, que abarca desde enero de 2018 a fin de julio de 2020, el informe detalla el incumplimiento de diversos puntos claves para el correcto desarrollo del programa.

Metas incumplidas y registros mal generados

Dentro de los objetivos, se esperaba que se desarrollen nuevos viveros y se mejoren los existentes pero, de los 4 cuatro pautados, se realizaron 2. Se preveía también que 5 viveristas ya estuvieran produciendo con las tecnologías promovidas por el programa, pero solo se registraron 3; y de los 6 centros de calidad de capacitación y producción que se esperaban, solo había 2 en funcionamiento al momento de la auditoría.

Estos espacios, denominados técnicamente “viveros demostrativos” funcionan permitiendo la producción y estudio de nuevos plantines que, de resultar fructuosos, son luego distribuidos a los distintos viveristas.

El objetivo de la creación o ampliación de viveros es mejorar el acceso por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), para facilitar su vinculación a cadenas de valor, promover la incorporación de nuevos productos con mayor valor agregado y aumentar su competitividad.

La mayoría de las obras presentó irregularidades, imposibilitando las tareas de control y seguimiento.

Además de los seis ya nombrados, incluidos durante el período auditado, el programa contemplaba la creación de cuatro centros más. De estas 10 obras, la mayoría presentó irregularidades, tanto por contar con actas y documentación mal ejecutadas, como por la ausencia incluso de estos registros, imposibilitando las tareas de control y seguimiento.

Este punto es destacable ya que el pliego de licitación especifica la obligatoriedad de presentar un Plan de Manejo Ambiental (PAM) en cada uno de los sitios, para medir el impacto de cada obra. El panorama en este sentido, expuesto por la auditoría, no se encuentra alineado con las políticas que este tipo de programas persigue.

Falta de registros y visitas de campo

Las visitas de campo son un factor clave a la hora de controlar el desarrollo de las tareas, pero la AGN observó que el Equipo Ambiental y Social (EAyS) no cumplió con su obligación de realizarlas, siendo así imposible verificar la correcta categorización de los proyectos y dificultando garantizar la veracidad expuesta en las actividades reportadas en los informes de avance. Es decir, no fue posible constatar que aquello que se registró sea correcto.

En este sentido, el organismo de control señaló la importancia de que los proyectos sean sometidos a procedimientos de control y, que cuando el ejecutor considere que algunos procedimientos no son necesarios al momento de la realización del programa, “debe presentar una propuesta de modificación del reglamento para formalizar las funciones a su cargo”.

Por último, el Reglamento Operativo del Programa exige la formulación de Fichas Ambientales y Sociales (FAS), con el propósito de establecer el contexto ambiental y los posibles efectos positivos y negativos que se puedan generar a través de las actividades identificadas, ya sea en la etapa de diseño como de funcionamiento del programa.

Las metas establecidas durante el periodo auditado no se cumplieron, a pesar de que los objetivos originales fueron disminuidos luego de la evaluación de medio término en el 2017.

De las 32 FAS existentes, ninguna tenía clasificación ambiental detallada por el proponente, 7 no tenían firma y 26 no tenían fecha.

Estas fichas deben ser constatadas con las anteriormente mencionadas visitas de campo, cerrando así esta instancia de control contemplada desde el mismo proyecto.

El incumplimiento de estas medidas no hace más que agravar las múltiples falencias que el programa presentó en el período auditado.

Extensión de plazos

Además de tener sus propias metas como horizonte, la ejecución del proyecto se rige por un Reglamento Operativo del Programa (ROP), que establece las normas, procedimientos y lineamientos técnicos para el Organismo Ejecutor, es decir el ex Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP).

El objetivo del programa es contribuir al manejo sustentable y a la competitividad de las plantaciones forestales, aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la primera transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las cadenas productivas y los mercados para las MiPyMEs.

Para cubrir estas expectativas, el proyecto tiene un costo de US$74.800.000 y es principalmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó US$60.000.000. El monto se completó con una contrapartida local equivalente a US$14.800.000 y el plazo establecido en el contrato para finalizar los desembolsos de los recursos de financiamiento se estableció en cinco años. A dicho plazo se realizaron dos pedidos de prórroga: el primer pedido extendió el plazo hasta mayo de 2020, y el segundo a un año después.

Las metas establecidas durante el periodo auditado no se cumplieron, a pesar de que las metas originales del programa fueron disminuidas en una reformulación luego de la evaluación de medio término en el 2017.