Un canal de Venezuela le debe más de 80 mil dólares a la TV Pública por una transmisión de 2006
Fue por la cobertura de los Juegos Odesur de ese año. El moroso, que Radio y Televisión Argentina consideró “incobrable”, es la emisora estatal bolivariana. Según la AGN, hay otros deudores de “antigua data”, como Jefatura de Gabinete, Lotería bonaerense y la Agencia Télam, sobre los que “no se verificaron gestiones de cobranzas” por servicios de publicidad.
A casi diez años de los Juegos Deportivos Odesur que se realizaron en la Argentina en 2006, la Auditoría General de la Nación (AGN) descubrió que un canal venezolano quedó debiendo más de 80 mil dólares por haber retransmitido la cobertura de esa competencia, que estuvo a cargo de la TV Pública.
El dato figura en un informe del organismo de control aprobado este año, en el que se analizaron los estados contables de 2013 de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
En la investigación, el propio ente de medios públicos asumió que el canal en cuestión, Venezolana de Televisión -la emisora estatal bolivariana- es considerado como moroso “incobrable” ya que “las tratativas para el cobro (del dinero) han resultado infructuosas”.
La AGN especifica que el monto total adeudado asciende a 81.135 dólares, que forman parte del “saldo de la cuenta ‘Deudores por Servicios en Divisas’, originado en noviembre de 2006”.
Mal de muchos
No obstante, el canal venezolano no fue el único moroso que registró la Televisión Pública. Es que, según la Auditoría, “en el rubro Créditos, se constataron deudores de antigua data, sobre los cuales se ha verificado que no existen gestiones de cobranzas, ni tampoco indicios que permitan aseverar su recuperabilidad”.
En cuanto a quiénes son esos deudores, Radio y Televisión Argentina S.E. informó que “el saldo de la deuda por Servicios (en) Moneda Local se encuentra conformado en un 81% por una factura emitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros. El importe de la misma -continúa el ente- asciende a $ 1.712.689,81 y, a pesar de los reclamos efectuados, persiste la dificultad para su cancelación”.
También aparecen en esta nómina el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, con una deuda de $ 978.070; la Agencia Télam ($ 996.061); la Agencia de Recaudación bonaerense -ARBA- ($ 40.836); y un Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias ($ 145.195).
Con respecto al concepto “antigua data”, la AGN completó que “de los créditos registrados al cierre del ejercicio en la cuenta ‘Deudores por Servicios Moneda Local’, el 89,14 % del saldo tiene una antigüedad de más de dos años”.
La respuesta
Ante este panorama, el ente auditado le respondió a la Auditoría, aunque 15 meses después, en marzo de 2015.
En ese momento, Radio y Televisión Argentina S.E. afirmó que, “como consecuencia de la profundización de las gestiones de cobranza, el porcentaje de saldos de antigua data pendientes de cancelación ha disminuido considerablemente, representando menos del 7% del total de la cuenta”.
Y adujo que, como “los principales deudores son, en su mayoría, organismos oficiales, la cobranza se encuentra sujeta a la disponibilidad de las partidas asignadas por el Estado nacional para su cancelación, motivo por el cual los plazos de cobranza no tienen relación con los que habitualmente se pacta con clientes del ámbito privado”.
Canje
Por otra parte, la AGN observó que, al momento de su informe, el saldo de la cuenta “Deudores en Gestión por Publicidad en Canje” ascendía a $ 2.088.208,78, monto que, en su totalidad, correspondía a “operaciones comprendidas entre los ejercicios 2004 y 2010, sin previsionar”.
En ese caso, el ente auditado reconoció que sus áreas administrativas habían “agotado las instancias de reclamo”, de manera tal que, “por los clientes que conforman el crédito mencionado, se ha dado curso a la Gerencia de Asuntos Legales para que inicie las acciones que estime correspondientes”.
Sin embargo, en ese punto también se advirtieron deudas de larga data. Dijo la Auditoría que “con respecto a la cuenta (canje), existen saldos con una antigüedad superior a los dos años, por $ 1.360.145,94, lo que representa el 34,26 % del saldo” en cuestión.
El organismo de medios públicos indicó que este tema “se encontraba en proceso de reclamo desde el Área Comercial”, y que, “concluida esta etapa, se analizará la conveniencia del inicio de acciones legales”.
Radio Nacional
Por otra parte, la AGN también analizó los números de Radio Nacional y detectó que “no se efectúan controles sobre la publicidad emitida, a excepción de la frecuencia de AM 870” que es, justamente, la señal principal del conjunto de radios públicas.
A partir de este dato, en el mismo informe figura una recomendación a la emisora, que consiste en “implementar un sistema que permita realizar los controles sobre la publicidad emitida en todas las frecuencias”.
Sobre este punto, Radio y Televisión S.E. también elevó su respuesta: “A partir de 2012 se realiza el control de aire en la emisora AM 870, la cual concentra más del 50% de la publicidad emitida a nivel nacional”. Luego, el ente añade que, tras una licitación del año 2013, ese seguimiento “se ha extendido a las tandas publicitarias en las cuatro frecuencias de LRA 1 (AM 870, FM Rock, FM Folklórica y FM Clásica). En consecuencia puede decirse que se ha instalado y puesto en funcionamiento un sistema integral de control”.
Además, con respecto a las radios del interior, la respuesta del auditado destacó, “en primer lugar, el inicio de una serie de pruebas en las ocho exemisoras comerciales que tienen como objeto la implementación un nuevo software que permite el control de tandas publicitarias y PNTs (Publicidad No Tradicional)”.
Tomar en consideración
Al tratarse de un análisis sobre los estados contables, la AGN descubrió que en el sistema de medios públicos “no se establece el porcentaje de probabilidad de ocurrencia a favor o en contra (de los juicios que puede afrontar) la Sociedad, para poder determinar el cargo a resultados del ejercicio”. Por eso, recomendó que se “fijen criterios para evaluar las contingencias” de los procesos en cuestión, con el objetivo de dejarlos asentados en los balances de la entidad.
Ante esto, el auditado “toma en consideración la observación y sucesiva recomendación en lo que hace a la uniformidad de criterios para evaluar las contingencias de tal naturaleza”.