“Seguridad Social en Argentina” es un informe realizado por Fundación Éforo acerca del conjunto de programas y acciones desplegadas por la Administración Pública Nacional (APN). Estas transferencias monetarias son emitidas desde el Estado a ciudadanos que cumplen determinadas condiciones y no tiene contraprestación por parte de las personas que reciben esta asistencia. 

En el informe se observa que el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno.

Las medidas de Seguridad Social buscan otorgar mayores niveles de seguridad económica y protección de la salud, para preservar y mejorar las condiciones de vida a personas que están atravesando una situación de desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento de la persona que era generadora de ingresos en el hogar. Éforo desarrolló un informe técnico en el que analiza datos públicos sobre las transferencias monetarias directas a personas físicas u hogares, en el marco de programas sociales vigentes en Argentina.

La información se centra en los años 2007, 2009, 2015, 2019 (fines de períodos presidenciales) y 2020 (último año del que se disponen datos de cierre anual). En Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno.

Éforo Data | Seguridad Social en Argentina

Además se observó que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social es menor que el número de personas beneficiadas. Es decir, una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias. El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social. 

Tres tipos de contribuciones

La Seguridad Social está dividida en tres grupos: jubilaciones y retiros, pensiones y becas, y ayudas sociales. Por un lado, las jubilaciones ya sea contributivas o semi contributivas, resultaron ser el componente de mayor gasto dentro de las políticas de Seguridad Social: pasó de representar el 3,9% del PBI (2007) al 6,7% (2020). En 13 años, el incremento en recursos asignados fue de 72%. Luego de la Ley de Movilidad, vigente desde 2009, hubo un incremento de 2 millones de personas beneficiadas.

En 2020 las becas y ayudas sociales pasaron de representar el 0,8% del PBI (2007) al 4,2% (2020). A su vez también se otorgaron 23 millones de beneficios (2020).

En tanto, las pensiones son entregadas a personas con invalidez, vejez (70 años o más), madres con más de siete hijos o ganadores de premios Nobel, premios olímpicos y paraolímpicos, familiares desaparecidos, veteranos de guerra.

A partir del año 2020, las pensiones se ubicaron como el componente de la Seguridad Social con menos recursos disponibles y de menor cobertura de personas beneficiadas. Pasó de ser el 2,1% del PBI (2007) al 3% (2020). En 13 años, el incremento en recursos asignados fue de 43%. A su vez, se otorgaron 3.3 millones de pensiones (2020), aproximadamente 1.3 millones más que en 2007. La suba fue de 65%.

Por último, las becas y ayudas sociales están compuestas por la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Salario Social Complementario (SSC), los programas Hacemos Futuro y Progresar, y a partir de la pandemia por COVID-19, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, que representa un 0,4% del PBI y otorga 540.000 beneficios. Esta categoría se convirtió en 2020, en el segundo componente de la Seguridad Social con más recursos asignados. Pasó de representar el 0,8% del PBI (2007) al 4,2% (2020) y también se otorgaron 23 millones de beneficios (2020), 16.7 millones más que en 2007. La suba fue de 265%.

En conclusión, entre el 2019 y 2020, el porcentaje de recursos asignados aumentó un 33%, pero la cantidad de beneficios otorgados aumentó un 48%, por lo que existe un desfase entre los recursos del estado y las políticas de seguridad social.