Publicado: 04-07-2012 
  
Neuquén.- Aseguró que cuando asuma como titular del Tribunal de Cuentas pedirá informes sobre las ejecuciones en marcha y no "a libro cerrado".

El ex diputado nacional indicó que implementará "un nuevo modelo de auditoría" en el mediano plazo.

El ex diputado nacional Hugo Acuña anticipó que, cuando asuma como presidente del Tribunal de Cuentas, pondrá la lupa sobre los 40 entes descentralizados y empresas públicas de la provincia, sobre los que hoy se ejerce un control "a libro cerrado".

Lo anunció ayer en la Legislatura, donde obtuvo el respaldo mayoritario de los bloques políticos a su designación. El pliego se votará en el recinto a fines de julio.

Planteó también que le preocupa que un 92 por ciento de los sumarios del Tribunal termine en archivo y adelantó que por eso implementará "un nuevo modelo de auditoría" en el mediano plazo.
Señaló que hay alrededor de 150 agentes para el control de las cuentas públicas, por lo que piensa además en un reordenamiento del personal que tendrá a su cargo.

Otro punto a modificar será la digitalización de los expedientes para facilitar el acceso público, con un método similar al que escogió el Poder Judicial de la provincia.


Aclaró, no obstante, que las modificaciones que planea implican "un trabajo de largo aliento". Prevé iniciar los cambios durante el ejercicio 2013 y lograr resultados en un plazo "de dos a tres años".

Sobre las empresas del Estado, indicó que exigirá un detalle mayor en los informes contables y "que se presenten mientras se están ejecutando", con el fin de controlar cada gasto.

"Lo que planteo es ampliar los informes trimestrales que presentan los síndicos o comisiones fiscalizadoras; que no se remitan a los ejercicios cerrados, sino que me den un detalle para que sean útiles a la auditoría, para que puedan demostrar que los fondos han sido bien gastados y fueron al fin al que estaban destinados", fundamentó.

Se refirió a los créditos otorgados por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) y comentó que indagará "para adelante pero también hacia atrás en lo que me permite la ley Nº 2141, en cómo se dieron los préstamos y si se está cumpliendo la obligación de exigir el repago".

Opinó que, una vez determinadas las condiciones de financiamiento, "si no se garantiza el pago, la responsabilidad es del funcionario que otorgó el crédito".

Sin embargo, enfatizó que "el Tribunal de Cuentas no puede inmiscuirse en la política del Iadep, sí controlar cómo gasta el recurso".

Remarcó que "hay muchas cosas por cambiar" en el control de las cuentas y sintetizó su plan de trabajo en "transparencia, digitalización, capacitación y un nuevo modelo de auditoría".