El mecanismo de contrataciones directas en la provincia es el ejemplo más paradigmático. También las licitaciones hechas a medida, como la concesión del Provincial a un amigo de Scioli. Ganó una empresa creada tres días antes de la apertura de sobres. Hecha la ley, hecha la trampa, reza el popular resabido.

Paradigmática situación se presenta por estos días en la provincia de Buenos Aires, cuya administración hurga en artilugios para evadir la norma; o al menos el espíritu de ésta.

Así surge de incontables y contrastables hechos de la realidad: a mediados de junio saltó a la luz la llamativa adjudicación para la refacción integral del emblemático Hotel Provincial de Mar del Plata, una obra cuyo costo supera los 90 millones de pesos. Por tal motivo, y como estipula la Ley de Contabilidad que desde 1972 rige todos los movimientos económicos del gobierno de turno, se llamó a una licitación pública a los efectos de otorgar, al mejor oferente, tan importante labor.

Casualmente, una sola empresa se presentó al llamado de licitación y a la postre fue la adjudicataria. Hasta aquí, ninguna sospecha. Pero las dudas surgen porque la compañía, Hotelera del Mar SA, fue constituida apenas tres días antes de la apertura de sobres, el 21 de mayo último. Esta firma está constituida por la cadena NH Hoteles y presidida por el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias, de pública y reconocida amistad con el gobernador Scioli.

Llamativamente, el proceso de licitación no fue coordinado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, área natural de un proyecto de estas características, sino por la Secretaría General, a cargo de José Scioli, hermano del gobernador.

Este mecanismo de adjudicación, ajustado a derecho pero a las luces contrario al espíritu de las normas de la transparencia y ética pública, llevó los días lógicos que acarrea la burocracia administrativa de una licitación pública.

A veces la premura es tal, que se precisa de un instrumento legal más expeditivo para contrataciones de proveedores. Por eso existe en la provincia el Reglamento de Contrataciones, estipulado en el Decreto nº 3300/72.

Se ve que son variadas las urgencias en la provincia, porque como nunca antes en las últimas décadas Scioli ha echado mano con soltura a este mecanismo de contrataciones directas.

"Muchas veces es un artilugio o ingeniería jurídica para evadir los controles", gráfica en diálogo con Hoy un ex Contador General de la Provincia, con probada experiencia en el área.

Estas contrataciones encierran, básicamente, la posibilidad de que el funcionario de turno, munido con facultades, pueda contratar proveedores sin mayores requisitos. "Sería burdo que no se llamara a una compulsa de precios para adquirir un producto o un servicio. No obstante ello, en virtud de la contratación directa, podría hacerlo", siguió el profesional.

El acto administrativo puede ser observado, en una primera instancia, por la Contaduría General de la Provincia, que debe ejercer el control primario. No obstante dicha advertencia, el funcionario puede seguir su camino. En ese caso, el Contador tiene la facultad y deber de denunciar ese acto de observación ante la Cámara de Senadores. Esta, en caso de evaluar la gravedad de la denuncia, podría iniciarle el juicio político al propio gobernador. Se sabe: esto nunca ha pasado.

El Contador General es un cargo medular en la administración pública. Este es elegido por el Gobernador entre una terna propuesta por el Senado. Su función dura cuatro años y puede ser reelecto.

El control a posteriori, es decir cuando el acto se ha consumado, lo ejerce el Tribunal de Cuentas, integrado por un presidente (debe ser un abogado) y cuatro vocales (deben ser contadores). Todos tienen estabilidad en el cargo y son elegidos por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.

Otro de los mecanismos usuales para intentar eludir los controles son las declaraciones de emergencias administrativas o económicas cuando éstas no tienen razón de ser. Desde los primeros meses de la administración Scioli el Ministerio de Salud bonaerense está en emergencia, declarada por decreto.

"¿Cuál es la razón que la justifica? ¿Algún tipo de epidemia o peligro inminente a la salud pública? No se puede declarar una emergencia por la desidia de un funcionario o por la discrecionalidad del poder de turno", explicó el ex Contador.

La Contaduría General podría haber observado esta declaración de emergencia, durante la cual los controles se tornan sumamente laxos y existe mayor libertad para realizar contrataciones. No lo hizo. Es decir, nadie duda de su legalidad en la formulación, pero sí de su legitimidad.

Las contrataciones directas son un mecanismo ya usual durante la actual administración de la cartera sanitaria. Hay sobradas pruebas al respecto. Salud tiene un presupuesto de 2.400 millones de pesos.

Dos de los mayores problemas del área son la escasez de recursos humanos y de insumos. Si hay una emergencia, es ésta última. Sin embargo, poco y nada ha cambiado la administración Scioli. Las pruebas saltan a la vista, y los reclamos de los profesionales médicos (Cicop) hablan por sí solos.

La adjudicación del Hotel Provincial es la maniobra más evidente de cómo se puede favorecer a un amigo del poder de turno dentro de los cánones legales. Y el mecanismo de contrataciones directas, la vía más clara para darle la razón al resabio popular, en una provincia donde los números de las cuentas públicas no cierran.