Editorial II

La ausencia o ineficacia de controles en una empresa constituye un hecho grave, pues esa vulnerabilidad posibilita que puedan cometerse fraudes o actos de corrupción que terminen perjudicando a sus accionistas o a los contribuyentes, según se trate de compañías privadas o públicas.

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha dejado en evidencia que la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) no cumple con la ley de administración financiera ni tampoco con la de sociedades comerciales, por lo que se enciende una alarma que no debe desatenderse.

Esta extraña compañía, que resultó involucrada en el escándalo de la valija con 800.000 dólares incautados al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, fue creada en diciembre de 2004 y durante el trámite de aprobación en el Senado fue objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. En dicha oportunidad, se señaló que la creación de Enarsa bajo la figura de sociedad anónima intentaba evitar los controles que establece la ley de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. En definitiva, se creó una sociedad comercial como si fuera privada, pero con capital estatal.

La defensa de la estructura societaria elegida estuvo a cargo del senador santacruceño Nicolás Fernández, quien la justificó diciendo que "el nuevo régimen de sociedades con participación estatal les permite una gestión diferente en el logro de los objetivos buscados, al no encontrarse limitadas a las reglas de los entes públicos y especialmente a los inadecuados controles previos". La réplica la formuló el senador radical Gerardo Morales: "Entonces, ¡ojo con los negocios que se hagan! Debemos fortalecer los sistemas de control tanto internos como externos".

Entre las observaciones más contundentes, el informe de la Sigen señala que "la actividad de la auditoría interna no puede considerarse satisfactoria", que "falta emisión periódica de información financiera, económica y de gestión", que en el directorio "se tratan temas con posterioridad a la firma de los contratos", que no hay control externo por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que "no existen procedimientos que regulen compras y contrataciones ni reglamentos para pagos y rendición de gastos en conceptos de viajes".

Puntualmente, la Sigen cuestionó con dureza la compra del 25 por ciento de Citelec, la empresa controlante de la transportadora eléctrica Transener. Al respecto, señaló que en esa transacción no se cumplió con lo dispuesto en la ley de sociedades comerciales, porque Enarsa se endeudó por un monto mayor a la mitad de su propio capital sin llamar a asamblea de accionistas. Ello ocurrió en 2007, a través de un préstamo del banco holandés ABN Amro Bank por 27 millones de dólares. Por entonces, el capital de la empresa estatal era de 50 millones de pesos y, según la Sigen, se habrían violado siete artículos de la ley de administración financiera.

Además, el presupuesto societario no preveía la inversión ni semejante endeudamiento, aspectos que debieron ser tratados con anterioridad en una asamblea de accionistas, de acuerdo con lo que dispone la ley. La Sigen también destacó la inexistencia de informes comparativos de las condiciones del préstamo respecto de otros en vigor en el mercado.

Cabe recordar que Enarsa es la empresa de capital estatal que alquiló el avión privado que trajo desde Venezuela a Antonini Wilson y su valija con casi 800.000 dólares, episodio que tantos dolores de cabeza ha causado al Gobierno. En ese vuelo, viajaban otros cuatro ciudadanos venezolanos, todos ejecutivos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y tres funcionarios argentinos: el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza; el entonces titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, y su secretaria, Victoria Bereziuk.

Un adecuado sistema de controles jamás podría interpretarse como un mecanismo que retarde decisiones o entorpezca las relaciones comerciales de una empresa. Por el contrario, dichos recaudos garantizan el desarrollo de su actividad en un marco de legalidad y de transparencia. Es de esperar, por eso, que las autoridades correspondientes adopten las medidas pertinentes para subsanar las deficiencias halladas en Enarsa por la Sigen, con el fin de evitar nuevos desvíos o conductas indebidas por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducirla y administrarla.