El blockchain (cadena de bloques, según su traducción al español) es una tecnología de registro distribuido que almacena información de manera descentralizada y segura. Funciona como un libro contable digital en el que cada transacción o registro se agrupa en bloques de datos que se enlazan de manera cronológica y permanente, formando una cadena inalterable. ¿Se podría aplicar a la administración pública local?

Una de las características de esta tecnología es que cuando los datos se registran en la cadena de bloques, no pueden ser modificados ni eliminados sin dejar rastro. 

Cada bloque contiene información sobre las transacciones previas y está protegido mediante criptografía, lo que evita modificaciones o alteraciones sin consenso. Esto significa que, una vez que los datos se registran en la cadena de bloques, no pueden ser modificados ni eliminados sin dejar rastro. Además, la red opera sin intermediarios centralizados, lo que reduce el riesgo de manipulación y aumenta la transparencia.

La vicepresidenta de Fundación Éforo y especialista en transparencia y políticas públicas, Carla Pitiot, destacó que “el blockchain no es una solución mágica para luchar contra la corrupción ni garantiza por sí solo la transparencia. No obstante, su aplicación en auditorías permite verificar de manera inmutable la información registrada, facilitando la detección de cambios y mejorando los procesos de contratación pública”.

Según Pitiot, las áreas donde el blockchain podría tener un mayor impacto incluyen la identificación de contratistas, la presentación y evaluación de ofertas, y la ejecución contractual. Además, su implementación en la publicación de información pública "podría agilizar los procedimientos administrativos y proporcionar acceso seguro a los datos gubernamentales".

Pitiot menciona el caso del Boletín Oficial de la República Argentina, que desde 2017 certifica sus ediciones electrónicas mediante esta tecnología, garantizando su autenticidad e inalterabilidad.

¿Hasta dónde el blockchain puede aportar soluciones a la administración pública?

A pesar de su potencial, el sector público enfrenta desafíos para adoptar blockchain. La resistencia al cambio y la falta de regulación son algunos de los principales obstáculos. Para Pitiot, la adopción de esta tecnología requiere medidas de seguridad específicas y un grado de madurez tecnológica que muchas instituciones aún no han alcanzado. Además, la escasa legislación sobre el tema dificulta su integración en los procesos administrativos.

En el ámbito de la auditoría social y la participación ciudadana, esta herramienta podría fortalecer los mecanismos de control al permitir el seguimiento y rastreo de fondos públicos de manera segura. Asimismo, la automatización de controles y validaciones ayudaría a reducir la carga de trabajo de los organismos de fiscalización, optimizando la detección de irregularidades.

El seguimiento de fondos públicos es prometedor por la posibilidad de rastrear el flujo de recursos estatales, lo que podría contribuir a prevenir la corrupción y garantizar que los fondos sean utilizados para los fines previstos. 

Sin embargo, la eficacia del blockchain en este campo depende de la voluntad política y la transparencia institucional, que no solo se refiere a la cantidad de información que el Estado decide hacer pública, sino también a la facilidad de acceso, la claridad y la trazabilidad de los datos disponibles. Por lo tanto, implica directamente la predisposición del gobierno a compartir información relevante, así como la existencia de mecanismos efectivos para su consulta y verificación por parte de la ciudadanía y de los organismos de control.

La tecnología como complemento

“Para que esta tecnología tenga un impacto real en la administración pública, es necesario un cambio de cultura organizacional”, señala Pitiot. Además, agrega que “ninguna tecnología, por sí sola, puede transformar la gestión estatal. La eficiencia de los procesos debe ser la prioridad, y la tecnología debe ser un complemento que ayude a optimizarlos”.

El desarrollo de marcos regulatorios, la capacitación de los funcionarios y la adaptación de la infraestructura tecnológica son pasos clave para la incorporación del blockchain en la gestión pública.