Por su magnitud la Dirección General de Escuelas es una especie de Estado dentro del Estado. Por eso tiene su propia forma de administrar los recursos y de controlar cómo se hacen las cosas. Esa estructura hoy está en problemas, pues una de sus patas no funciona en el marco de la ley.

Los miembros del Consejo de Administración de la Enseñanza Pública tienen su mandato vencido hace más de un año y por eso está en duda la legalidad de todas las decisiones que tomó ese cuerpo. No es un dato menor si se tiene en cuenta que por las manos del Consejo pasa el control del presupuesto de la DGE, es decir 1.100 millones de pesos (el 20% del presupuesto provincial).

El Consejo de Administrativo, según la Constitución provincial, es el órgano encargado de autorizar y controlar las cuentas de la DGE. Entre otras cosas, autoriza los gastos, alquileres y todas las licitaciones públicas. También debe analizar el Presupuesto antes de ser elevado a la Legislatura. Los integrantes del Consejo son propuestos por el Gobernador y deben ser ratificados por el Senado. El mandato de cada integrante dura cuatro años.

La última vez que se renovaron los mandatos fue en setiembre de 2003, es decir que ya pasaron cinco años. Celso Jaque aún no envía los pliegos de los nuevos candidatos, por lo que las resoluciones son firmadas por los funcionarios con mandato vencido. Para tener una idea de lo que implica, es como si Julio Cobos hubiera seguido firmando decretos luego del 9 de diciembre, día en que venció su período constitucional como gobernador.

En el ambiente educativo de la provincia aseguran que a partir de esta irregularidad se podría cuestionar cualquier licitación avalada por el Consejo en el último año y hasta hay quienes sostienen que es motivo para sancionar al Gobierno, pues es la Constitución la que le da marco jurídico al tema.

"Avalar una situación de inconstitucionalidad como ésta le puede significar un jury de enjuiciamiento a la titular de la DGE y un juicio político al Gobernador", opinan desde el sector.

La preocupación llega también puertas adentro del Consejo, donde aseguran temer por lo que firman, puesto que las decisiones que se toman allí son pasibles de sanciones y los miembros responden con su patrimonio personal.

Facultades

Aunque el Consejo ha sido subestimado en los últimos años, la función que tiene está es bien clara según la ley 6.970, que dice que ese cuerpo debe "analizar el presupuesto de la Dirección General del Escuelas...las rendiciones de cuentas...aprobar el llamado y adjudicación de licitaciones".

Los Andes pudo chequear que hay al menos cuatro licitaciones en curso que son millonarias, más otros cientos de concursos públicos por obras y servicios que, según la ley, debieron pasar por el Consejo.

La resolución 789 del Consejo Administrativo hizo modificaciones al régimen de autorizaciones de compras de la DGE. Así, dispone que el Consejo será el encargado de autorizar todas las compras que superen los 22.000 pesos. Para el resto basta una autorización de la DGE.

Según aseguraron desde el Consejo, hubo al menos tres pedidos formales para que Iris Lima, directora de Escuelas, resolviera el tema. Pero la demora continúa. Recién a fines de setiembre recibieron una nota de la funcionaria, donde les avisaba que ya había elevado el pedido al Gobernador. Lo cierto es que los pliegos aún no llegan al Senado.

El Consejo inició un expediente para que se resuelva la situación institucional irregular a mediados de diciembre del año pasado. Ese trámite (que figura con el expediente 19.954) se encuentra aún en la Gobernación. En ese camino, desde el Ejecutivo contrataron una consultoría para analizar la forma de elección de los miembros del Consejo.

Pero la actual gestión no es la única involucrada. La situación irregular también alcanza los últimos meses de gobierno de Julio Cobos.

En realidad, antes de que terminara su mandato el hoy vicepresidente reunió a los consejeros y les dijo que ya tenía los pliegos listos para pedir su reelección en la Legislatura. Pero les advirtió que el momento político les jugaría en contra para resolver el problema. Es que por aquellos días, todos los pliegos que enviaba el Ejecutivo al Senador eran rechazados. Los miembros prefirieron seguir con sus puestos y que fuera el próximo Gobierno el que decidiera su destino.

Ser personas solventes es uno de los requisitos para ser miembro del Consejo porque está en juego el patrimonio personal. Como precaución, uno de los integrantes dijo que ahora, "debido a este problema", están trabajando con dictámenes de Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada. "Para que nadie ponga en cuestionamiento nuestra firma, la situación está avalada por el Tribunal de Cuentas", confió.

Sin embargo, la respuesta que este organismo dio a Los Andes fue curiosa. En primer término, se ocupó de aclarar que no tiene ningún tipo de injerencia en las decisiones que ha tomado el Consejo.

Después negó que exista un plazo de caducidad en el mandato de los consejeros y, para argumentarlo, apeló a una supuesta confusión con el Consejo General de Educación, el cual se ocupa de las políticas pedagógicas del gobierno escolar y fue creado recién con la Ley provincial del 2002.

Lo cierto es que hubo un debate similar a principios del siglo pasado, pues la Constitución Provincial menciona un Consejo General además del de Administración, pero en el debate constitucional quedó claro que hace referencia al mismo y se tomó como norma la designación con aprobación del Senado y la caducidad del mandato.