El organismo de control determina que al tratarse de una "venta" de gas, como se consigna en el texto, se debe respetar lo normado en la Ley Territorial N° 6, que obliga a llamar a licitación pública.

Por otra parte, al tratarse de una contratación "directa" entre el Estado Provincial y un tercero, sostiene que se estaría incumpliendo la Constitución Nacional, en tanto dispone (art. 74°) que "las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se efectuarán según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión".

Observa el pago adelantado de tres años y el ingreso de las dos terceras partes del monto en este ejercicio, y el tercio restante, en los primeros meses del próximo, lo que conlleva un endeudamiento del Estado Provincial e implicará en los primeros años del contrato el no ingreso de esos fondos al Tesoro Provincial.

Asegura que "no obra actuación alguna sobre el tema" en el organismo de control, "salvo las noticias periodísticas y lo publicado en el sitio ://www.tierradelfuego.gov.ar/m_econ/i_convenios.php", pero se desconocen los Estudios y Análisis realizados que permitan definir tanto la correcta tramitación de esas actuaciones, como los valores involucrados y la incidencia en los próximos años de estos adelantos de fondos.

En consecuencia el Tribunal decide solicitar a la gobernadora que articule los medios necesarios para que las Áreas correspondientes efectúen el envío en forma urgente de la totalidad de las actuaciones referidas al tema, para dar inicio a la investigación que corresponda.

Fue a partir de las notas periodísticas

La Legislatura dio señales de curiosidad

Luego de las notas periodísticas publicadas sobre el tema, la Legislatura provincial que desde el 10 de octubre tenía la copia de este acuerdo, dio las primeras señales de profundizar la información.

Ayer el legislador Roberto Frate informó que el convenio tomó estado parlamentario en la última sesión, situación que no había trascendido, y por su parte el radical Gabriel Pluis admitió estar frente a un "dilema", puesto que la concesión hasta el 2035 es un plazo muy extenso y el escenario puede cambiar drásticamente mucho antes.

De hecho, la provincia se obliga hasta esa fecha a proveer un millón y medio de metros cúbicos de gas sólo a esa empresa, y si bien la cantidad puede ser aumentada, no está permitida la reducción.

Desde el justicialismo habría intención también de pedir informes, según trascendió de fuentes legislativas, puesto que se observan variaciones desde la carta de intención del 22 de julio firmada en China a este acuerdo que beneficia a una empresa en particular inscripta en la República Argentina.

La falta de antecedentes industriales y comerciales, estatutos societarios, participación o capital accionario, son algunos de los puntos que el gobierno debería aclarar no a la Legislatura, sino a la comunidad.

Asimismo, la inexistencia de una licitación previa y la contratación directa a un precio predeterminado, forman parte de los cuestionamientos que quiere evacuar el bloque.

El justicialismo tendría dudas también sobre las facultades de la Legislatura para aprobar o rechazar un acuerdo de esta naturaleza, que no están contemplados en la Constitución. Así planteado, el convenio aparece como una mera transacción comercial entre el Gobierno de la Provincia y una empresa privada, "para lo cual se deberá proceder según los criterios de oferta pública o licitación que establece la normativa legal", indicaron las fuentes.

Se agrega la necesidad de intervención de la Secretaría de Industria de la Nación y la Comisión del Área Aduanera Especial de la Ley Nacional Nº 19640 para analizar la planta que se prevé montar, detalles del proyecto de radicación y estudio ambiental, capitales que respaldan la inversión, capacidad técnica y financiera, antecedentes como empresa petroquímica, proyección de volúmenes de producción, personal a ocupar, proceso de destilación, certificaciones nacionales e internacionales, necesidades de infraestructura en servicios, viviendas, puertos de embarque, mercados a exportar, acuerdos comerciales, datos sobre cantidad y calidad de los productos y subproductos de procesar, entre varios aspectos que se plasmarían en un pedido de informes al gobierno.