Un documento conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, producido con motivo de haber evaluado la capacidad de gestión financiera de nuestro sector público nacional, pone de manifiesto que los organismos estatales muestran un bajo nivel de receptividad de los informes realizados porla SindicaturaGeneraldela Nación(SIGEN), y porla AuditoríaGeneraldela Nación(AGN). Una estimación de esta última, recogida en el mismo documento, cifra en menos del 25% el grado de implementación de sus recomendaciones por parte de las dependencias auditadas. En la evaluación hecha por aquellas entidades multilaterales, se advierte que los informes repiten las mismas recomendaciones año tras año, ya que los responsables no adoptan las medidas correctivas correspondientes; las observaciones más reiteradas tienen que ver con incumplimientos de las normas en materia de control interno y adquisiciones.

 

Es probable que alguna parte –por supuesto, mínima-, de esa brecha responda a diferencias de criterios entre la administración y el auditor respecto al realismo y la dimensión del problema que está mostrando un informe y, en su caso, a la mejor manera de resolverlo. Pero el grueso de la inacción se explica por indiferencia, incomprensión, indolencia, desaprensión, desconocimiento y todas las otras malas disposiciones de la voluntad que encuadran dentro del concepto amplio de irresponsabilidad. Esta actitud está alentada por el hecho de que la desatención de las observaciones y recomendaciones de los organismos de control no tiene consecuencias políticas, legales o patrimoniales.

 

Entre las funciones clásicas de los organismos estatales de control se encuentra la de realizar trabajos que contribuyan a la mejora del ambiente de control de las organizaciones públicas. Sus informes tienen como destinatarios a las máximas autoridades de las reparticiones auditadas. Son ellas las responsables de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vigencia de un adecuado ambiente de control interno. El ambiente de control interno será tan fuerte como buenas sean la actitud dela AutoridadSuperiorpara crear un “clima” de respeto a las normas y procedimientos establecidos, y la receptividad de esa misma autoridad hacia las observaciones y recomendaciones de los organismos de control.

 

Si los organismos de control sienten realmente el mandato de conseguir valor social por sus actividades, deberían meditar la conveniencia, frente a la evidencia de aquella notoria y persistente “desconsideración política” de sus informes, de tender puentes más amplios de comunicación con la sociedad, procurando que, día tras día, sea mayor el número de las personas que se interesan por conocer, comprender y criticar la forma en que sus agentes gestionan los recursos que ellas les han confiado en administración. Es dable esperar que la “socialización” de los trabajos de control, a través de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil, cree una sana “presión de opinión pública” que obligue a los responsables de las administraciones a tomar más en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría.

 

Hugo Quintana