La ley sobre el abordaje integral del crimen organizado, conocido como Ley Antimafia, fue aprobada en el Senado. La normativa, elaborada por el Ministerio de Seguridad y el Ejecutivo, tiene como objetivo central incorporar mecanismos legales y procesales para combatir las organizaciones criminales en el país y ya contaba con la media sanción en Diputados.

En comunicación con El Auditor.info, la diputada nacional por Córdoba y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, destacó que la iniciativa busca alcanzar dos objetivos principales: por un lado, endurecer las sanciones penales para quienes integren organizaciones criminales y, por otro, otorgar a fiscales y fuerzas de seguridad herramientas especiales para investigar a las bandas delictivas.

“Es evidente, como lo demuestra el caso de Rosario —aunque no es el único—, que la existencia de organizaciones delictivas incrementa exponencialmente los niveles de violencia, poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos comunes”, afirmó Rodríguez Machado. Además, señaló que “las tasas de homicidios previas a este mandato gubernamental ya reflejaban esta problemática”.

Para la diputada el proyecto es claro: "Quien se une a una organización que mata o trafica droga es asesino o narcotraficante. Pertenecer a una banda implica una seria amenaza penal". La funcionaria destacó que, hasta 2023, ingresar a prisión no rompía los vínculos con el crimen. "Desde las cárceles se vendía droga, se extorsionaba y se ordenaban asesinatos. Estar encerrado debe ser un castigo y es crucial reducir las posibilidades de continuar delinquiendo".

“Carece de sustento técnico”

Por su parte, el diputado nacional por Buenos Aires e integrante de la Comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior, Ramiro Gutiérrez criticó duramente el proyecto. En diálogo con El Auditor.info, señaló que “carece de sustento técnico, tiene inconsistencias legales y no responde a una estrategia integral contra la inseguridad y el crimen organizado”. 

Según Gutiérrez, es “un anuncio errático” destinado a impactar en la opinión pública, pero sin planificación, lo que lo vuelve “inviable”. También cuestionó su desconocimiento de principios básicos del Código Penal y lo calificó como “inexplicable en la práctica” y “uno de los peores proyectos ingresados recientemente”.

En 2023 se registró una tasa de 4,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En 2023 se registró una tasa de 4,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Crítica de organizaciones

Frente a las críticas de organizaciones de DD.HH., que advierten sobre el peligro de otorgar poder discrecional a las fuerzas de seguridad, la diputada Machado defendió el proyecto: “Es duro, como debe ser, pero respeta plenamente el marco constitucional, garantizando tutela judicial efectiva, asistencia jurídica y doble conforme”. 

Sin embargo, Gutiérrez discrepa: “Si se aprueba, los jueces la declararán inconstitucional por violar principios legales clave, como la proporcionalidad, la legalidad estricta y por invadir competencias provinciales”.

Machado afirmó que “quien planee liderar una organización criminal debe saber que el Estado tendrá herramientas eficaces para detenerlo durante gran parte de su vida, con el trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad, las provincias y los fiscales”.

Gutiérrez destacó la urgencia de solucionar la crisis penitenciaria: “El Gobierno debe retomar la obra pública y construir las cárceles necesarias. Así, quien delinca enfrentará una celda, no un beneficio por falta de espacio”. También criticó que el proyecto ignore temas clave como la portación ilegal de armas, aún excarcelable en el país: “Para proteger a los ciudadanos, lo primero es desarmar a los delincuentes. Ese sería un verdadero avance”.

Qué dice el proyecto

Uno de los puntos más destacados de la iniciativa es la implementación de una pena más grave para aquellos que integren una organización. En ese caso, la pena por pertenecer a una asociación ilícita aumentaría de 8 a 20 años de prisión, dependiendo del rol del involucrado en la estructura criminal.

La pena por pertenecer a una asociación ilícita aumentaría de 8 a 20 años de prisión, dependiendo del rol del involucrado en la estructura criminal.

El proyecto introduce, además, la Zona Sujeta a Investigación Especial, una figura que permitiría agilizar investigaciones y procedimientos, facilitando así la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales, tanto a nivel federal como provincial. Al declararse una zona especial, las fuerzas de seguridad podrán realizar detenciones preventivas por hasta 48 horas y llevar a cabo acciones como allanamientos, incautaciones y requisas, bajo la autorización de la justicia correspondiente.

Otra de las herramientas que propone el texto es la extinción de dominio, que permitiría al Estado nacional confiscar bienes que estén bajo sospecha de haber sido adquiridos por actividades delictivas relacionadas con organizaciones criminales. 

En cuanto a la cooperación internacional, el proyecto otorga mayores facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad para solicitar información a otros Estados sobre delitos transnacionales, como el narcotráfico y la trata de personas, y también para compartir datos relacionados con la criminalidad organizada.

Estadísticas que preocupan

La lucha contra las mafias y el crimen organizado es una de las demandas sociales que creció en los últimos años ante el aumento de casos. El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) tiene la responsabilidad de recopilar y centralizar datos sobre los hechos presuntamente delictivos registrados por las fuerzas policiales, organismos de seguridad federales y otras entidades oficiales que reciben denuncias en todo el país.

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas, correspondientes a 2023, se registraron 1.995 hechos delictivos y 2.046 víctimas fatales, lo que equivale a una tasa de homicidios de 4,4 por cada 100.000 habitantes.

Además, la provincia de Santa Fe presentó su informe anual sobre homicidios dolosos ocurridos en la ciudad de Rosario durante 2024. Según el reporte, durante 2023 se alcanzó el valor más bajo de casos desde 2014, con un total de 90 homicidios, lo que equivale a una reducción del 65,5 % de casos en comparación con el año anterior.