Desde que en 1993 se obligó por ley a las compañías telefónicas a proveer el servicio a personas hipoacúsicas o con impedimento del habla, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), no generó una reglamentación que exija a las empresas tener una cantidad mínima de teléfonos públicos adaptados en sus áreas de influencia. Un Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), indicó que, por otra parte, la CNC no asumió la función de coordinar la Comisión para Usuarios Telefónicos con Limitaciones Físicas (CUTeLFi), un ente que debía hacer el seguimiento de la prestación del servicio. De hecho, el organismo de control no encontró datos sobre el funcionamiento de la CUTeLFi ni de su antecesora, la Comisión para Hipacúsicos e Impedidos del Habla –CHIH-), desde 1997 hasta el año del informe, 2006.

En marzo de 2007, las empresas telefónicas informaron que existían en el país unas 1281 líneas disponibles para este servicio, 93 menos que las que funcionaban, según sus propios datos, en marzo de 2005. El estudio de la AGN afirmó que “esta disminución atentó contra los objetivos del Reglamento” del servicio, aprobado por la CNC en 1996, que entendía a la prestación como un “derecho” que debía ser dado “a precios razonables”, y con un “tratamiento preferencial” hacia los usuarios.

Con respecto a ese Reglamento, la Cámara de Diputados pidió informes sobre su cumplimiento entre 2002 y 2005, “sin obtener respuesta alguna” por parte de la CNC. Por lo pronto, el informe de la Auditoría señaló que en 2006 las empresas no cumplieron con el artículo 4º del Reglamento, que obligaba a informar la cantidad de teléfonos públicos instalados para personas con hipoacusia.  

Asimismo, la Comisión también presentó falencias en el control del parque existente de teléfonos públicos para hipoacúsicos. En 2005, por ejemplo, no se inspeccionó ningún equipo en siete provincias y, en otras seis, sólo fueron chequeados 19 de los 711 teléfonos instalados, el 2,67%.

“El derecho de comunicación de los usuarios con hipoacusia extrema resulta significativamente desprotegido”, dice la AGN, porque la CNC no logró asegurar que las compañías distribuyan equipos con teclado alfanumérico y visor para satisfacer el servicio de telefonía domiciliaria, teniendo en cuenta que “las empresas disponen de teléfonos comunes o inalámbricos con control de volumen, pero no con las características señaladas”, completó la Auditoría.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hasta 2003 había 2.176.123 personas con discapacidad en la Argentina, lo que representaba algo más del 7% del total de la población. De esa cifra, 520.533 tenían discapacidad auditiva, y 110.073, del habla.