Ese es el nombre de la Jornada que ha organizado APOC para el 25 de septiembre, y que contará con la participación de entidades como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles.

El tema de esa Jornada está estrechamente relacionado con la calidad institucional. Control y sanción es una ecuación necesaria, aunque no suficiente, para tener gobiernos eficaces y decentes, y sociedades de buenas costumbres.

La realidad nuestra es que no faltan organismos de control ni actuaciones de éstos con observaciones; ahí están, como ejemplo de esto último, los documentos generados por la Auditoría General de la Nación y por el Defensor del Pueblo de la Nación exponiendo las deficiencias que presenta la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de tren. De lo que sí parece haber poca o ninguna evidencia es de que, como consecuencia de las irregularidades que aquéllos señalan en sus informes, tengan lugar el deslinde de responsabilidades y la aplicación de correctivos. No son éstos procesos que los puedan sustanciar por sí los organismos de control; o son materia de una instancia política, o corresponden a la esfera judicial. En su momento, una asociación civil hizo un inventario de las causas judiciales en las que estaban comprometidos funcionarios públicos; ese estudio le permitió estimar en $ 10.000 millones el monto total del perjuicio que se habría provocado al Estado, y en 10 años el tiempo promedio que se tardaba para poner el caso en condiciones de llevarlo a la instancia del juicio oral. Cuando le llega la hora es muy probable que muchas responsabilidades hayan prescripto.

La ausencia total de sanciones en resonados escándalos públicos va extendiendo como una mancha de aceite la sensación de impunidad. Si no hay sanciones, o éstas son tardías o invisibles, la impunidad contagia y seduce; ni siquiera hay riesgos de costos en términos de reputación. “El hombre baja rápidamente la pendiente de la deshonestidad; alguien que es medianamente honesto y que de manera inadvertida participa de un disturbio repite la acción atraído por la impunidad” (H.A. Taine, Los orígenes de la Francia contemporánea).

La impunidad es el gran portal de entrada a la corrupción sistemática: es cuando “Todo está a la venta”, como en Roma en el siglo I AC. La corrupción como sistema es un proceso; no es instantánea. Hay, en el principio, delitos e ilícitos puntuales contra la administración pública; si éstos no se detectan, si no tienen castigo, si se toleran por la sociedad, si los “beneficiarios” alardean de ellos y hacen exhibición obscena de los bienes mal habidos, la práctica se generaliza hasta desembocar en una completa descomposición del valor servicio público.

La sanción de las irregularidades e incumplimientos, el castigo justo de los crímenes, juegan un papel instructivo. No hay nada peor para moldear el carácter moral de una sociedad el que ésta verifique que la impunidad está enseñoreada. Aquí es donde tiene que hacer bien su parte el órgano jurisdiccional. Para que las faltas, las irregularidades sean sancionadas, primero es necesario detectarlas y documentarlas; estas funciones deberían ser parte de las capacidades de los sistemas de control interno, de las agencias anticorrupción y, eventualmente, de las oficinas de auditoría pública externa.

Los ciudadanos debemos realizar nuestro aporte en la forma de un cambio de actitud. Nuestra práctica de vida es hacer uso y elogio de la irreverencia a la norma, cualquiera que esta sea; por eso tampoco tenemos buenas instituciones. No exigimos de nuestros gobernantes obediencia a la ley porque nosotros mismos no la practicamos ni la apreciamos como valor social. En la Argentina no faltan leyes en casi ningún aspecto vital para la convivencia social. Son buenas leyes en lo que a diseño normativo se refiere. En cambio, necesitamos, desesperadamente, conducta ciudadana de cumplimiento de la norma y conducta estatal de hacer cumplir la ley y de sancionar sus incumplimientos a través de los órganos pertinentes. Tener buenos gobiernos y una sociedad abierta, progresista y cohesionada es responsabilidad de todos.