El programa Mejor Vivir surgió en julio de 2005 y fue un convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Planificación de la Nación destinado a dar préstamos para refaccionar las viviendas de la población con bajos recursos. La Auditoría General porteña (AGCBA), analizó la iniciativa y detectó que “se entregaron créditos a personas que no se encuentran en la franja de población de ingresos bajos”. A partir de ese hallazgo, el organismo de control concluyó que el plan es “absolutamente inequitativo”.

El objetivo de Mejor Vivir era bajar el déficit habitacional de la Ciudad con arreglos en las casas y edificios que tenían más de 30 años de antigüedad. Para acceder al financiamiento, los vecinos debían pertenecer al sector de menores ingresos y tener una única vivienda. El tope de los préstamos era de $ 19 mil a devolver en 30 años con una tasa de interés del 0%, y las obras preveían refacciones en revoques, techos, fachadas y las instalaciones de luz, gas y agua. 

La AGCBA comprobó que “el 49% de los beneficiados (de la muestra analizada) tenían ingresos superiores a $ 1000”. El dato surge de lo que declararon los propios vecinos en unos expedientes donde “no se adjuntan recibos o declaraciones juradas ante la AFIP”. Asimismo, en cuatro de cada 10 casos auditados, no hay constancia de que el Instituto de la Vivienda haya chequeado que quienes recibieron los créditos tengan otro inmueble además del que informaron. Sin embargo, sí se observaron “préstamos otorgados a solicitantes con más de una propiedad verificable en el expediente”.

Entre otras irregularidades, el organismo de control destacó un expediente con un informe de factibilidad que decía: “La solicitud (del préstamo) no encuadra dentro de la operatoria”, es decir que el nivel de deterioro de la vivienda no ameritaba un desembolso de dinero, pero “el crédito fue otorgado de igual manera”, y otro, en el que figuraban “dos informes técnicos con la misma fecha que reconocen diferentes grados de avance de obra para determinar el saldo” que se debía abonar a la constructora.

El informe también remarcó el “incumplimiento de requisitos específicos en la documentación” que entregaban los aspirantes a los préstamos. En el caso de los consorcios, por ejemplo, el 87,5% de los expedientes de la muestra no tenían copia de los planos del inmueble, y un tercio de los trámites iniciados para créditos individuales carecían de informes de factibilidad.

“La amplitud del programa impidió que se pudiera evaluar el cumplimiento de sus objetivos”, afirmó la Auditoría. En el año del informe, 2006, la Ciudad presupuestó $ 31.047.187,97 para el plan y, de ese total, ejecutó $ 19.430.058,19, es decir, un 62,5%.

 

Veinte firmas constructoras que participaron del proyecto no cumplieron con las obras pactadas y, a la fecha de la auditoría, no habían sido excluidas del Registro de Empresas proveedoras, ni se había ejecutado su garantía. Las falencias estaban relacionadas con el cobro de anticipos financieros sin haber comenzado las obras, y la habilitación de pagos por trabajos inconclusos: “Por falta de control, se llegó a adjudicar a una de las empresas incumplidoras, ‘Eduardo Matellana’, 70 obras del Programa”, puntualizó la AGCBA.