En una licitación de 2005 para comprar medicamentos contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual por $ 10.095.492, el Ministerio de Salud de la Nación pagó un 23,5% más de lo que indicaban los precios de referencia.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), señala que el gasto se incrementó porque la cartera pidió los remedios “sin la antelación necesaria” para cubrir la demanda del primer semestre de ese año. Es que la solicitud fue emitida el 30 de mayo y el cumplimiento de las provisiones se realizó entre diciembre y enero de 2006. Además, el stock de los productos era “crítico” y por eso “varios renglones de la licitación fueron adjudicados a precios superiores”. En este tipo de casos, hay una resolución de la Sindicatura de la Nación (SIGEN), la 79/2005, que establece un mecanismo obligatorio para mejorar los precios y “alinearlos con los valores de mercado”, pero, según la AGN, no se acredita que Salud se haya valido de esa herramienta.

Asimismo, el trabajo del organismo de control detectó que en una contratación directa de la cartera, también de medicamentos para el SIDA, “no se obtuvo evidencia de la estimación del precio, no se requirió un valor de referencia, ni se fundamentó el (monto) finalmente adjudicado”, unos $ 5.238.291.

Para “evitar eventuales problemas de stock”, el Ministerio había contratado de forma directa la provisión de drogas medicinales por $ 575.971. Sin embargo, la Auditoría descubrió “una extensa demora” en el cumplimiento de esta operación, porque el pedido de compra data del 3 de mayo y los productos se recibieron el 28 de octubre.

La AGN encontró otras irregularidades en las contrataciones de la cartera. En la licitación pública 11/05, por ejemplo, se verificó que “la empresa Productos Roche no presentó la constancia de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores ni un certificado para contratar (de la AFIP)”, no obstante, la firma logró quedarse con el renglón 13 de la licitación por $ 7.026.402.

En el año de la auditoría, el Ministerio compró productos a los laboratorios Elea, Richmond y Filaxis que, según un informe de la ANMAT “no cumplimentaban los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia” exigidos por la Secretaría de Políticas y Relaciones Sanitarias.

Por otro lado, Salud cuenta con fondos rotatorios, que son partidas para gastos que deben ser expresamente autorizados. En 2005, esos fondos ascendieron a $ 1.160.676 y la Auditoría puntualizó que el 74% de ese total se utilizó en la compra de medicamentos “en lugar de sustanciar los trámites contractuales de acuerdo a las normas vigentes”.