Una dependencia de la Ciudad realizó en 2006 todas sus compras y contrataciones a través del Decreto 1.370, que debería usarse excepcionalmente para habilitar gastos de imprescindible necesidad. Se trata de la Dirección de Mantenimiento y Reparación del Equipamiento Urbano (DGMyREU), que, según un informe de la Auditoría porteña (AGCBA), hizo una “aplicación generalizada” de este régimen “en detrimento de los procedimientos vigentes”.

La Dirección se encarga de reparar el equipamiento urbano existente, elabora la documentación técnica para comprar los equipos que se instalan en el espacio público y tiene ingerencia en todo lo que tenga que ver con la accesibilidad física de personas con capacidades especiales. De la muestra tomada por la AGCBA se desprende que, además del uso habitual del Decreto 1.370, todas las solicitudes de gastos y órdenes de compra emitidas por la dependencia fueron derivadas, total o parcialmente, a programas “ajenos al objeto de los gastos”.

¿Por qué se usó el mecanismo de excepción y se asignaron fondos a programas distintos de los originales? El organismo de control afirma que, a pesar de las responsabilidades primarias de la Dirección, sus principales tareas durante 2006 fueron la fabricación y colocación de refugios, guarda rails, rejas, bancos, cestos y bicicleteros, y la limpieza de un muro en la calle Junín al 900. Además, fabricó repuestos para máquinas del Ente Urbano de Mantenimiento Integral, reparó equipos y muebles de oficina para distintas dependencias del Gobierno porteño y construyó una dársena en una escuela. “La DGMyREU desarrolló trabajos para los que no estaba facultada”, agrega el informe.

Al margen de esto, la Dirección presenta otras irregularidades como la falta de habilitación municipal. Es que la planta, con una superficie cubierta de 18 mil metros cuadrados, no tiene instalaciones contra incendios ni planos aprobados, y el organismo también omitió la presentación del plan de higiene y seguridad, y la evaluación de impacto ambiental.

Para medir la gestión de la Dirección, la AGCBA usó un Indicador de Cantidad y determinó que su índice de eficacia es “bajo”. Según ese análisis, de las 246 demandas que recibió la DGMyREU durante el período analizado, “sólo fueron satisfechas 141, un 57,3% del total”. Asimismo, se detectó una “excesiva extensión de los plazos de producción”, dice la Auditoría, y puntualiza que el tiempo real desde el ingreso de una demanda hasta la finalización del producto fue de 5,46 meses en promedio, “llamativamente excesivo”, completa.

Las instalaciones del taller presentan “capacidad ociosa” porque, según el informe, una importante cantidad de máquinas son usadas “parcialmente para alcanzar bajos índices de productividad y satisfacción de las demandas que recibe la dependencia. Por otro lado, la AGCBA señaló la “ausencia de un plan de mantenimiento e inversión” para esas máquinas y las instalaciones en general.