Publicado: 1-07-2011 
   
Por orden del congreso: La AGN ya comenzó a investigar los recursos que recibió la fundación para la construcción de viviendas sociales

Por dictamen del Congreso , la Auditoría General de la Nación (AGN) comenzó a investigar el caso Schoklender y las posibles responsabilidades políticas en el desmanejo de recursos del Estado que financiaron el plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo . Un primer informe de la investigación deberá estar listo en 60 días, ordenaron ayer por unanimidad los legisladores que integran la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

Por los tiempos impuestos en el dictamen, ese avance preliminar de la AGN deberá presentarse en plena campaña electoral, a pocos días de los comicios presidenciales. A fin de evitar dilaciones, este primer informe deberá contemplar un muestreo de no más de cinco casos testigo puntuales, indicó a La Nacion el presidente de la Comisión Mixta, Heriberto Martínez Oddone (UCR). El informe completo será integral, agregó, ya que contemplará tres líneas de acción: el marco jurídico de las transferencias de los recursos, su control de legalidad y de gestión; la realización de las obras, y los costos de las viviendas sociales.

La oposición pretende comprobar que el Gobierno es responsable en el escándalo, ya que no controló el derrotero de los fondos públicos que transfirió al programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, como tampoco los costos de las miles de viviendas que se ejecutaron en distintas provincias del país. La oposición cree que el Gobierno ordenó a gobernadores e intendentes que adopten el programa de la fundación si pretendían viviendas en sus distritos.

La embestida opositora no se limita sólo a la investigación que realizará la AGN. Por cuerda separada, la UCR reclamó al Gobierno la intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini (ver aparte).


El oficialismo rechazó toda responsabilidad en el caso, que también es investigado en la Justicia. Argumentó que son los gobernadores e intendentes -no el Gobierno- los que deben controlar la ejecución de las obras y que todo el escándalo se circunscribe a una estafa que perpetró Sergio Schoklender como apoderado de la fundación.

"El Gobierno pretende tirarles la pelota a los gobernadores e intendentes, cuando en realidad la ley establece claramente la responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas de auditar y controlar la ejecución de las obras", enfatizó el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), miembro de la Comisión Mixta.

Morán, al igual que los senadores Gerardo Morales (UCR) y Juan Carlos Romero (PJ Federal), y los diputados Martínez Oddone y Walter Agosto (PJ Federal) impusieron con su mayoría el dictamen en la comisión.

El Gobierno procura despejar toda responsabilidad en el escándalo; por esa razón, los legisladores oficialistas José Díaz Bancalari y Nicolás Fernández suscribieron con su firma el inicio de investigaciones de la AGN. En realidad, el oficialismo no tenía otra alternativa que aprobar el dictamen: el rechazo le hubiera significado puro costo político, no sólo porque habría perdido (es minoría en la comisión), sino sobre todo porque negarse a la investigación sería visto como sinónimo de que el Gobierno está implicado en el caso.

De todas maneras, habría formas más sutiles para entorpecer la investigación, advierten en la oposición. Fuentes parlamentarias relataron a este diario que anteayer, en la AGN, los miembros oficialistas advirtieron a su presidente, el radical Leandro Despouy, que cualquier requerimiento de información sobre el caso al Gobierno debía contar con la firma de al menos cuatro auditores; la oposición sólo tiene tres miembros de los siete que componen la Auditoría General.

"El oficialismo podría intentar frenar la investigación, por eso estamos atentos", afirman en la oposición.