La Auditoría General de la Nación (AGN) dispuso ayer una gigantesca auditoría sobre las obras encomendadas por el Estado a las Madres de Plaza de Mayo, contrataciones sospechadas de serias irregularidades, fraude y sobreprecios.

Revisará todo el marco jurídico de los contratos, seguirá la ruta de los fondos públicos destinados a las viviendas sociales, investigará cómo se gestionaron las obras y estudiará la "razonabilidad" de los costos.

La decisión de llevar adelante este informe la tomó ayer, por unanimidad, el Colegio de Auditores, que reúne a los siete miembros de la AGN (cuatro oficialistas y tres radicales). Fue en respuesta a un pedido urgente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, el organismo al que reporta la AGN, que le solicitó incluir en su plan anual esta auditoría, que deberá ser un estudio de gran alcance. Tal es así que incluirá una "auditoría integral" sobre todos los programas de obras públicas y viviendas sociales ejecutados con fondos nacionales entre 2006 y 2011.

Eso, necesariamente, llevará tiempo. Como la Comisión consideró que el tema no admitía demoras, pidió que la AGN hiciera además una suerte de estudio preliminar, urgente, sobre seis de las obras del programa Misión Sueños Compartidos, de las Madres. Ese informe deberá estar listo en 60 días.

El kirchnerismo no opuso resistencia, tampoco, en la Comisión Mixta, donde el pedido fue aprobado por unanimidad. Con el aval expreso del senador Nicolás Fernández y del diputado José María Díaz Bancalari, el presidente de la Comisión, Heriberto Martínez Oddone, delimitó el alcance que tendrá la auditoría, según él mismo informó a La Nacion.

"Queremos que no se dilate, es un tema muy candente que hay que dilucidar cuanto antes", dijo Martínez Oddone. Por eso, explicó, se pidió un primer análisis, de muestreo, sobre las obras de Villa 15 (ciudad de Buenos Aires), Sáenz Peña y Santa Sylvina (Chaco), Ezeiza y El Garrote, en Tigre (provincia de Buenos Aires) y Barrio Toba (Santa Fe).

La AGN ya tiene un expediente abierto para investigar las supuestas irregularidades del proyecto Sueños Compartidos. El 15 de junio pasado, el Colegio de Auditores decidió tomar el caso. Días antes había recibido una consulta de Norberto Oyarbide, el juez de la causa penal que investiga a Sergio Schoklender y sus presuntos cómplices por el presunto desvío millonario de fondos administrados por la Fundación.

"Nosotros ya habíamos aprobado la realización de una auditoría no bien conocimos los acontecimientos, pero la que nos piden ahora es más amplia", relató el presidente de la AGN, Leandro Despouy, a La Nacion.

Aquella decisión original de hacer una auditoría generó, semanas después, un conflicto dentro del organismo. En la última reunión del Colegio, algunos oficialistas dijeron que no había existido tal decisión. Según informaron funcionarios de la AGN, para sorpresa de muchos fue el kirchnerista Javier Fernández quien reafirmó que la resolución se había tomado y que ya no podía discutirse. La auditoría se haría.

"Por la entidad del caso, será una de las actividades prioritarias en el ejercicio de 2011 -dijo ayer Despouy-. Sobre todo, tras la solicitud por unanimidad de la Comisión Mixta."

El 3 de agosto, después del receso invernal, los auditores se volverán a reunir para aprobar el objeto y la planificación del estudio. En la AGN prometen que cumplirán con el primer plazo de 60 días, pero advierten que el informe total, con el estudio de costos, demorará varios meses.