Un informe efectuado por la Auditoría General de la Nación (AGN) señala que existe “un bajo índice de efectividad en la ejecución de las multas” aplicadas por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

De los 21 expedientes analizados por la Auditoría, únicamente “en el 33% de los casos el OCCOVI resolvió la penalidad propuesta”, de ellos, sólo 3efectivizaron el depósito de la multa correspondiente”. Cabe señalar que “el Registro Único de Penalidades no había sido creado pese a que estaba prevista su concreción en el acuerdo con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en 2004. De hecho, la AGN dice que este tipo de debilidades “inciden en el cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, el informe, aprobado este año sobre datos de 2006 a septiembre de 2009, explica que “hubo expedientes –de tramitación de penalidades- que alcanzaban hasta los 323 días de paralizados”. Estos retrasos “debilitan al OCCOVI en su rol de control” y “generan un tratamiento inequitativo respecto de los concesionarios que si cumplen con sus obligaciones contractuales”, aseguró la Auditoría.

 

Cómo controla el OCCOVI

En cuanto al estado de los corredores, dice la AGN el organismo no cuenta con equipamiento técnico para la evaluación de pavimentos y “no siempre disponen del instrumental de la Dirección Nacional de Vialidad”. Tampoco hay una “efectiva comunicación entre las distintas áreas del organismo” que “posibilite contar con información necesaria para la toma de decisiones”.

En tanto, la AGN indicó que los informes mensuales de la Supervisión “tienen limitaciones que impiden efectuar un adecuado seguimiento” y en este sentido aseguró que no se plantea la información “con respecto al avance de los  meses anteriores”. De hecho, en el rubro Estado del Corredorse modifica el estado entre un mes a otro (de regular a bueno, de malo a regular) sin que conste la ejecución de tareas que originaron las mejoras”.

Por último, se observó que tampoco contiene datos sobre el tránsito pasante por la ruta inspeccionada. Los Auditores concluyeron que “no es claro el tratamiento que se le da a estos informes luego de su lectura, ya que no se observa un mecanismo de procesamiento de la información que permita el monitoreo”.