Publicado: 10-08-2011
  
Río Negro.- El organismo de control hizo un informe parcial por falta de datos.Sapag no levantó el secreto sobre los gastos del Plan Integral de Seguridad.

Los diputados provinciales debatirán hoy las cuentas generales de inversión del último año de Jorge Sobisch en el gobierno y de los dos primeros de Jorge Sapag.

Los expedientes recién fueron enviados este año por el Tribunal de Cuentas, que si bien recomienda la aprobación, en el apartado de las observaciones confirmó que a pesar de los sucesivos reclamos, nunca pudo acceder al detalle de las compras, licitaciones y gastos del Plan Integral de Seguridad (PIS).

La excusa para rechazar cada pedido de información fue la misma en 2007, con la anterior gestión, y en 2008 y 2009, con la actual: el secreto que impusieron los decretos que en 2004 dieron plenos poderes al entonces ministro Luis Manganaro poner en marcha el célebre plan. Lo poco que se sabe de él es que surge de una de esas normas, el decreto 2090/04, que le dio el carácter de reservadas a todas las actuaciones. El monto del dinero que se gastó, unos 50.000.000 de dólares, lo reveló el propio Sobisch en un programa de televisión. Entre otras compras, se destinaron a cámaras, helicópteros y al sistema telefónico de emergencias 911, que 7 años después aún no se aplica.

El informe del Tribunal de Cuentas revela las "limitaciones al alcance de controlar del Plan Integral de Seguridad" y detalla los sumarios e investigaciones iniciados sobre los sucesivos directores, aunque en ningún caso alcanzan a los ministros del área, Luis Manganaro y Susana Arévalo con Sobisch, y César Pérez y Guillermo Pellini con la gestión de Sapag. La escasa información que se pudo recolectar es la que contiene el Sistema Contable Provincial (Sicopro), donde por ejemplo puede figurar un gasto pero no los detalles de la operación que lo originó.

Desde el MUN, el diputado Rodolfo Canini anticipó que en la sesión de hoy -comenzará a las 16- no aprobará los informes del Tribunal. "No se puede aprobar la cuenta general de inversión si el propio Tribunal de Cuentas no puede acceder a la información", argumentó respecto de lo que será un posicionamiento político más que una barrera para aprobar el ejecutado de la provincia. Es que técnicamente, la Constitución Provincial le da al organismo de contralor un año para presentar los informes, "so pena de quedar de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél". Es decir, las tres cuentas generales de inversión están aprobadas.

También crítico, el diputado del PJ Ariel Kogan adelantó que dará el visto bueno a los informes, pero junto con las objeciones. "Es un tema técnico que no tiene implicancias en las investigaciones. Así lo aclara el Tribunal y no interrumpe ninguna investigación", planteó el legislador.