Publicado: 06-09-2011

Catamarca.- Los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Juan Pablo Morales y Marcelo Sago, aguardan que la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las compras de medicamentos en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), arroje datos valiosos para avanzar en la causa que investigan, lo que podría derivar en nuevos cargos contra los cinco funcionarios ya imputados.

Para ello, remitieron al organismo de contralor documentación que se había secuestrado meses atrás de las oficinas de la OSEP, y sobre la cual los auditores del TC estaban trabajando.

Estos expedientes habían sido reclamados hace tiempo por el Tribunal, pero por el complejo proceso de análisis judicial, no habían sido restituidos hasta ahora.

Por el momento, cuatro funcionarios de la OSEP, René Luna, Gladys Buschaski, María Concepción Quiroga, y el propio director y diputado electo por el FCS, Arturo Aguirre, están imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por haber avalado compras a la droguería santiagueña Libra, mientras ésta se encontraba inhabilitada por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT). La quinta funcionaria, Marcela del Valle Juárez, está imputada por "falsificación de instrumento público" (ver aparte).

Por eso la auditoría del Tribunal será una fuente valiosa para determinar si se cometieron otras irregularidades, lo que se presume por algunos indicios de la investigación preliminar. Esto podría complicar aún más la situación de los funcionarios.

Al momento de que la Justicia secuestrara la documentación de las compras de la obra social, los auditores del Tribunal de Cuentas habían podido comprobar el notable aumento de compras a la droguería Libra, que se multiplicó en apenas un año.

Por otro lado, el organismo debe determinar otras cuestiones relacionadas con las compras a Libra, particularmente la razón por la que varios cheques emitidos por la OSEP en favor de la firma santiagueña fueron a parar a una conocida financiera del medio.

Otro punto de indagación es si las autoridades de la obra social recurrieron a dinero del Fondo Especial de Trasplantes para pagar remedios, lo que podría ser caracterizado como "malversación de caudales públicos" por tener el Fondo un destino específico.