Publicado: 23-05-2010
 
Córdoba.- Un informe recientemente publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN) avala el rosario de quejas de la Provincia por las demoras en los envíos de fondos nacionales destinados a obras públicas.

El tema volvió a cobrar vuelo días atrás, cuando el intendente de Villa María, el kirchnerista Eduardo Accastello, aseguró que nunca dejaron de llegar los dineros para planes de viviendas, lo cual fue negado por enésima vez por la Subsecretaría de Vivienda de la Provincia.

El estudio del organismo que preside Leandro Despouy hace foco en el Programa 50, cuyo objetivo era coordinar las inversiones en obra pública y la ejecución de las mismas en municipios de todo el país.

Y concluye que la distribución se realizó de manera arbitraria. "El programa planifica en base a la demanda que recibe y no cuenta con una metodología que le permita seleccionar, dentro del conjunto de solicitudes recibidas, los proyectos que va a financiar atendiendo a criterios técnicos, económicos, financieros y socioambientales", señala el trabajo.

Durante 2007 y 2008, los fondos repartidos favorecieron a municipios de Chubut y Buenos Aires, seguidos por Santa Cruz, Río Negro y Entre Ríos, mientras que Córdoba y Santa Fe figuran entre las jurisdicciones menos beneficiadas. Pero además, también llama la atención el porcentaje de dinero girado sobre el comprometido.

En el caso de Córdoba, había un compromiso de 18,3 millones de pesos, pero finalmente se envió 1,5 millón de pesos, es decir, 8,43 por ciento sobre lo prometido. En tanto, el monto efectivamente entregado representa apenas 0,47 por ciento del total.

En Buenos Aires, en cambio, se ejecutó el 83 por ciento de lo presupuestado en 2007 y 106 por ciento en 2008, es decir, más de lo previsto. También Chubut y Entre Ríos tuvieron altos grados de cumplimiento (arriba de 90 por ciento).

Santa Cruz, en tanto, contó con 80 por ciento del dinero prometido en 2007, mientras que el año siguiente se le giró 39 por ciento más de lo previsto. En ese escenario, Córdoba fue siempre la menos favorecida.

Control deficiente

Al programa lo manejó la subsecretaría de Obras Públicas que conduce Abel Fatala, pero Carlos Kirchner, primo del ex presidente que está a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública es, en última instancia, el responsable de que el plan llegue a destino.

El estudio abarcó la operatoria del programa desde la recepción de la demanda de proyectos de obra hasta la rendición de los fondos transferidos y la muestra de campo se concentró en los municipios de Trelew, Paraná, Tigre, Bahía Blanca y Avellaneda.

De todos modos, eso no impidió un análisis general, según el cual la supervisión y el monitoreo del plan se vieron limitados por "carencias de personal y de capacidad operativa que le permita llevar a cabo" ese trabajo.

Además, se advierte que la Subsecretaría de Obras Públicas no dispone de una norma que formalice su diseño estructural, ni de un manual de procedimientos para la presentación de proyectos aprobados.

Al ser consultados por los encargados de la auditoría, los responsables del programa explicaron que "procura distribuir los fondos siguiendo el esquema de coparticipación federal, aunque, como las obras realizadas en el marco del programa se realizan por requerimiento de los municipios, los fondos asignados no replican exactamente esa distribución".

Por lo tanto, "el criterio seguido es el de satisfacer necesidades no cubiertas por otros programas, pero no están explicitados formalmente en una norma". Además, admitieron que "no existe una pauta o criterio formalizado para seleccionar municipios o priorizar obras", que de esta forma quedan en el territorio de la discrecionalidad.

Los gobiernos provinciales no tienen ningún nivel de participación en la formulación de la demanda, y aunque suelen requerir información a los municipios sobre sus necesidades, esos informes no llegan a la órbita nacional salvo casos especiales.

2007 y 2008

El Programa 50 de la Nación había comprometido recursos por 18,3 millones de pesos, pero los municipios cordobeses sólo recibieron el 8,43 por ciento de esa cifra: 1,5 millón de pesos.