Denuncian deficiencias en residencias geriátricas
Un estudio en treinta instituciones de cuidados de larga estadía para adultos mayores revela problemas de infraestructura, falta de personal capacitado y ausencia de consentimiento informado.
La Corte estableció que los jueces deben jubilarse a los 75 años.Una investigación sobre la calidad de atención en treinta residencias geriátricas de la ciudad de La Plata dejó al descubierto deficiencias en los servicios, falta de personal, de capacitación, de infraestructura, carencia de un registro oficial de instituciones habilitadas y ausencia del consentimiento informado.
Asimismo se advirtió otro punto fundamental: la falta de debate ante los desafíos que presentan los cuidados de larga duración.
Tras estas irregularidades, los profesionales que intervinieron en el estudio denunciaron que “hay una violación de los derechos humanos de las personas mayores”.
El trabajo fue realizado por los investigadores Peter Lloyd-Sherlock y Bridget Penhale de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y la investigadora argentina Nélida Redondo. También contó con la colaboración de la Red Mayor platense.
“El tema de los cuidados a las personas mayores es muy sensible y no solo en La Plata, sino en Argentina y en otros países. La situación que exponemos no es exclusiva de esta ciudad, es típica de muchas partes en el mundo”, manifestó Lloyd-Sherlock en la presentación que se realizó en el auditorio de la Caja de Seguridad Social de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
La responsabilidad
Lloyd-Sherlock comentó que la Universidad de East Anglia queda en Norwich, “una pequeña ciudad que tiene el geriátrico más viejo del mundo, de 1249, y aún sigue funcionando”. Y agregó: “El desafío de los cuidados a las personas mayores no es actual, tiene rasgos históricos. Sí cambió la escala de la necesidad y el contexto en que ocurre”.
En este sentido señaló que “los países deben reconocer que tienen responsabilidad, no de ofrecer directamente todos los servicios, pero sí para garantizar la protección y los derechos humanos de las personas mayores en situación de dependencia”.
Para la investigación “Cuidados de larga duración y derechos humanos en La Plata” se tomó una muestra de 30 geriátricos, de los 60 que se estiman que hay en esa ciudad.
Asimismo explicó que “se hizo un estudio focalizado en un barrio popular y otro de clase media” y entrevistas a “informantes calificados”.
En la presentación, el foco estuvo puesto en tres puntos: las admisiones, la calidad de la atención y el control.
Lloyd-Sherlock advirtió que “en la mayoría” de las instituciones:
* “No se admite a personas con elevado nivel de dependencia”.
* “Para ingresar solo hace falta la firma de un familiar y el dinero”.
* “No hay una entrevista previa con la persona mayor”.
Ante esta situación, denunció “la falta de importancia que se le da al consentimiento informado, ni siquiera había conciencia de eso”.
También destacó que “muchas veces” los ingresos eran “una decisión de las familias, especialmente para quedarse con la casa de la persona, y eso es abuso financiero”.
Indicó que en las entrevistas, los informantes calificados -así como los datos obtenidos por la Red- señalaban “casos de familiares que querían quedarse con la casa y llevaron a la persona mayor a un geriátrico”.
“La gente ni siquiera lo ve como una práctica de abuso financiero. Y la persona mayor no lo ve como una violación de sus derechos, lo toma como algo ‘natural’, uno se pone viejo, las nuevas generaciones necesitan un lugar y con presión de la familia va a una institución”, subrayó el especialista.
En tanto, manifestó: “Cuando comenzamos este estudio, el marco conceptual tenía más que ver con la calidad de los servicios. Pero después nos dimos cuenta que algunos problemas eran tan serios que el marco más importante serían los derechos humanos de las personas mayores”.
Infraestructura y personal
En cuanto a la infraestructura, Lloyd-Sherlock remarcó: “La mayoría de los establecimientos son antiguos, deprimentes, oscuros y están deteriorados”.
Asimismo destacó la falta personal capacitado y señaló los comentarios de una enferma que había trabajado en varios geriátricos:
* “Solía escuchar a la gente decir ‘te daré una pastilla para que me dejes tranquila ¿sí?’”
* “Sabían cuando vendrían a visitar los familiares. ‘Debemos preparar a la abuela para cuando lleguen’. Ropa linda, limpia y bien arreglada para que cuando los familiares llegasen... y ¡abracadabra, una abuela feliz!”
También en el estudio se incluyó el siguiente testimonio: “Cuando una persona es admitida, quizá tiene problemas para ir al baño, pero aún logra hacerlo con algo de ayuda. Luego se la obliga a usar pañales solo por conveniencia (del personal) y pierde esa habilidad”.
El investigador manifestó: “Están sacando capacidad. Una persona más o menos autoválida termina siendo dependiente porque está dentro de ese contexto”.
Asimismo destacó que “es habitual el uso de sujeción física (atar a una persona) o química (abuso de medicación) para controlar a una persona”. Y afirmó: “Se sabe que en los geriátricos se puede reducir muchísimo el uso de restricciones físicas, las que no son para el bienestar de la persona mayor sino para la conveniencia de las personas que trabajan”.
Respecto a los controles, Lloyd-Sherlock remarcó el comentario de una asistente social: “Hay muchas normas y las residencias deben cumplir con tantas cosas que solo algunas realmente lo cumplen”.
En el estudio se desprende que “ninguno de los organismos de control están en condiciones de saber lo que pasa en los geriátricos”.
Además el profesional denunció que “no hay un registro oficial de los geriátricos habilitados, no existen los controles y esa información es importante para la gente, para elegir una residencia, para que el sistema tenga transparencia y los proveedores de los servicios sepan cómo se los califica y quieran mejorar”.
También indicó que algunos de los testimonios recogidos en la investigación señalaban que “no siempre (las instituciones) tienen el equipo profesional que dicen tener en las publicidades. En muchos casos son las personas que limpian las que realizan los cuidados cotidianos”.
.- Las propuestas
Frente a este panorama, el investigador señaló la importancia de la “alfabetización de las personas cuidadoras y la sensibilización de la opinión pública, lo que significa que la gente tiene que saber varias cosas: lo que es envejecer; lo que es cuidar a una persona adulta mayor, que no es lo mismo que cuidar a un niño; saber adónde recurrir para conseguir los servicios necesarios que requiere la persona; cómo evaluar la calidad de esos servicios; cómo reconocer si hay maltrato; dónde denunciar”.
Además remarcó que se “necesita tener acceso a información confiable no solo sobre geriátricos sino también sobre servicios domiciliarios” y contar con “herramientas legislativas y ver cómo se van a implementar”.
Y sostuvo que “es fundamental la participación cívica dado que se trata de un asunto fundamental de los derechos humanos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad”.
“Hay una violación de los derechos de los mayores”
La Doctora en Sociología Nélida Redondo sostuvo que los resultados de la investigación realizada en la ciudad de La Plata manifiesta que “hay una violación de los derechos humanos” de las personas adultas mayores. “Al principio avanzábamos hacia la situación en que se encontraban las instituciones de larga estadía pero después nos dimos cuenta que el panorama era más sombrío y hay que focalizarlo en los derechos humanos que se vulneran y está asociado a la edad”.
Redondo, directora de Investigación de la Fundación Silom y docente e investigadora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud, remarcó la carencia de consentimiento informado.
En declaraciones a este diario explicó: “Ninguna persona puede ingresar a un hogar geriátrico sin estar debidamente informada de cómo es el régimen de vida, los servicios que se prestan y es la misma persona quien tiene que decir ‘sí, me interesa y quiero ingresar’”.
“La misma persona mayor tiene que firmar el contrato a menos que tenga un deterioro cognitivo certificado por un juez, una curatela, y además es revocable”, señaló.
Sin embargo, en la investigación se demostró que “no se cumple”.
Por otra parte, en el debate que se realizó tras la presentación del trabajo, señaló “hay abuso financiero y un sesgo de género: las mujeres están más perjudicadas que los hombres por dos motivos, porque sobreviven más y tienen más discapacidad a lo largo del ciclo de vida”.
En tanto, en esa jornada, la directora del Centro sobre Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud y responsable de la Red Mayor platense, Silvia Gascón, manifestó: “Las personas mayores con dependencia, a mi entender, tienen un vacío importante en las políticas sociales y es el grupo donde surgen mayores avasallamientos”. Y destacó la importancia de “generar redes para luchar por nuestros derechos”, así como de “encontrar nuevas formas de participación”.
“Las personas mayores tenemos derecho a ser protagonistas”, remarcó.