Publicado: 17-08-2011
  
Misiones.- El coordinador de Políticas Educativas, Alberto Galarza, señaló que permitirá analizar la pertinencia de contrataciones, algo que el Tribunal de Cuentas no puede definir.

El Coordinador de Políticas Educativas del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, destacó la auditoría ordenada por el gobernador Maurice Closs en el organismo, porque "permitirá poner en blanco sobre negro" la situación de los docentes y funcionarios que perciben sueldos.

"El Gobernador tomó el toro por las astas, frente a denuncias de irregularidades a una situación compleja y confusa me parece fantástico que se tome esta decisión y que miremos lo que está pasando en el sistema educativo porque ante tantas denuncias cruzadas de los gremios es trascendente buscar la transparencia. El docente que está impartiendo conocimiento frente al aula no puede estar bajo sospecha", indicó el funcionario.

"Creo que la administración tiene que ser transparente, tiene que tener eficacia, y demostrar qué está haciendo cada uno de sus agentes y como el sistema educativo es un sistema complejo, donde hay muchos recursos económicos y humanos, con más de 25 mil agentes, habrá que determinar fehacientemente cuál es el lugar que está ocupando cada uno y también poner en discusión esta modalidad de los débitos laborales que son los que generan mayor nivel de conflictividad, porque se sabe que hay docentes que no están trabajando frente al alumno".

"Pero el que está trabajando no debe preocuparse y el Estado debe hacer un mea culpa porque hubo decisiones de la administración de la educación que fueron generando recursos humanos a partir de débitos laborales que es la posibilidad que tiene un docente de ir a cumplir otra tarea ya sea en capacitación docente, en tareas administrativas, en investigación, esto que se fue haciendo desde hace años creo que el Estado y el Gobierno Educativo debe revisar hacia adentro para ver la pertinencia de cada uno de los débitos", indicó entrevistado por el programa Debate sobre el Futuro que se emitió anoche por canal 5 de Cablevisión Posadas.

Galarza también aclaró que la auditoría permitirá analizar decisiones "políticas", cosa que no puede controlar el Tribunal de Cuentas. El organismo de contralor estudia si está bien hecha la contratación o el pago, pero no determina si es necesario o no la creación de un cargo, cosa que sí se podrá determinar con la auditoría y el Gobierno podrá tomar la decisión de anular o no una contratación.

Ante la confirmación del Gobernador de que no se buscará una reforma constitucional para controlar el Consejo de Educación, Galarza indicó que la solución pasa por "integrar al organismo" al Gabinete educativo, como ya lo está haciendo el ministro de Educación, Luis Jacobo. "Ahora hay una conducción unificada de la educación, no obstante el Consejo de Educación es un órgano de la constitución y como tal tiene tres representantes del poder político y dos representante electos por los docentes, los cinco integran un cuerpo colegiado y tenemos además nueve directores de enseñanza, este organismo de la Constitución tiene la autonomía para la toma de decisiones, pero el problema con el que se encuentra el Gobernador es que esta autonomía a veces complica al Gobierno porque los recursos provienen del Gobierno. "Los representantes del Gobierno tienen cuatro años de mandato y lo cumplen al 10 de diciembre, el Gobierno podrá revalidar o cambiar elevando nuevos pliegos a la Legislatura", aclaró.