Artículo publicado en clarín.com

El hambre es el más claro y el más duro emergente de la pobreza. La condena es unánime y universal, pero la solución no aparece. Una “Revolución Verde” se ha expandido por el mundo a partir de los años 70 del siglo pasado, con efecto notablemente positivo sobre la productividad agrícola. Este fenómeno tecnológico y productivo coexiste con la situación de millones de seres humanos en el mundo que se ven privados del beneficio de la “seguridad alimentaria”, esto es, del derecho a tener “…acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO).

La Argentina es un eficiente, competitivo e innovador productor primario, características que no posee en un análisis más amplio en su economía, a la que le faltan estímulos para agregar eslabones a la cadena de valor. Las instituciones multilaterales la colocan en la categoría de nación de “desarrollo medio”. En nuestro caso es un eufemismo que disfraza un país estancado y pobre, que supo estar entre los más grandes del mundo, al que cada vez le cuesta más ofrecer oportunidades de una vida mejor al conjunto de su gente.

De acuerdo con datos brindados por el representante de FAO en Argentina, la inseguridad alimentaria pasó de 8.300 millones en el período 2014-2016 a 14.200 millones entre los años 2016 y 2018. Se trata de un incremento del 71%, uno de los saltos más grandes a nivel global.

En 2006, el Director General de la FAO, al presentar en Roma el informe anual del organismo sobre “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” exhortaba a los líderes mundiales a cumplir el compromiso adquirido de reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre en el mundo para 2015. De hecho, el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio se proponía para el 2015 erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Pues bien, el futuro de 2006 está hoy aquí con nosotros y se trata de un presente decepcionante. Una de cada nueve personas en el planeta padece hambre. Hay evidencias de un aumento alarmante de la inseguridad alimentaria y de elevados niveles de diferentes formas de malnutrición.

La situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África, mientras que la tendencia decreciente de la subalimentación que caracterizaba a Asia parece estar ralentizándose de forma significativa.

El Gobierno Nacional está implementando “el Plan Argentina contra el Hambre” para los sectores vulnerables. Las acciones que lleva adelante implican cumplir con Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, permitiendo el acceso a la Canasta Básica de Alimentos a los sectores más desprotegidos.

El sector público está siendo capacitado para mejorar las acciones que se implementan a lo largo y lo ancho del país. Se necesitan cuadros políticos con capacidad gerencial para implementar y controlar los planes que se ejecutan.

También se necesitan controles independientes, permanentes y oportunos de los programas que se implementen. Y no hay duda de que estas acciones deben ser complementadas con políticas en materia de educación, salud y empleo. Un acuerdo económico y social debe incluir estos objetivos para el corto, mediano y largo plazo.

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