Mendoza.- Son por reconocimiento de costos. En base a su informe el Gobierno decidirá cuándo y cómo. La próxima revisión tarifaria integral será en 2013.

Extraoficialmente, se insiste en que no se trata de una modificación profunda de todo el cuadro tarifario eléctrico vigente en Mendoza, sino de una actualización que contemple, en parte o por completo, la suba de costos por impacto de la inflación del último año que esgrimen los distintos prestadores de la provincia, con Edemsa a la cabeza.

Lo cierto es que por éstos días el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) analiza distintos pedidos de modificación del VAD (Valor Agregado de Distribución, el componente con el que se negocian los ajustes) y que, si el Gobierno lo decide, se traducirá en un alza de las tarifas actuales.

De acuerdo al marco legal de la concesión del servicio, el disparador para considerar excepcionalmente un ajuste es un aumento de costos que supere el 5%. Los peritos del ente regulador estudian los distintos porcentajes para calcular en qué proporción se trasladará al VAD y, en definitiva, en el costo por kilovatio consumido por los usuarios mendocinos.

Aunque es prematuro hablar de definiciones, para entender la relación hay que decir que el impacto en el valor unitario de consumo generalmente es del 50%; por ejemplo, si se concede un 20% al VAD, significará una suba del 10% en la tarifa.

Tal como se hizo por última vez en agosto de 2010, el cuadro tarifario a usuario final se revisa integralmente cada 5 años. Por lo tanto, la próxima ocasión será en el año 2013.

"Todo está en estudio. Puede resultar un esquema prorrateado o que alcance a algunos segmentos de consumo y no a todos. En definitiva, son parte de las alternativas que se le informarán al Poder Ejecutivo que, como poder concedente, será quien decida sobre la aplicación", señaló el presidente del Epre, Elián Japaz, a Los Andes.

Un eventual aumento en la tarifa, objetivo que la distribuidora no quiere blanquear en voz alta todavía porque está en plena paritaria salarial con el sindicato de Luz y Fuerza a partir de un pedido del 30% de aumento, al contraofertó la mitad, para Edemsa fue motivo para interponer en 2010 un recurso de amparo ante la Justicia provincial, y otro posterior de tipo jerárquico al Gobierno para impedir la implementación de cambios en los parámetros cualitativos.

El espíritu de ambos es el mismo: sin un reconocimiento de costos, no es posible afrontar más exigencias ni mejoras del servicio, en función de la llamada Segunda Etapa de Control que, de acuerdo al contrato de concesión, debía entrar en vigencia en 2009. Una nueva fase que eleva los indicadores de calidad técnica y comercial del servicio, además de fijar la obligación de tendido de más de 9 mil kilómetros de línea de baja tensión.

Luego de que lo hiciera la Justicia, el Gobierno oficializó ayer el rechazo al recurso administrativo. "Los argumentos esgrimidos por la distribuidora carecen de veracidad, ya que recibió el dinero necesario para realizar las inversiones que le hubiesen permito ingresar en dicha etapa, a través de las tarifas que estuvieron vigentes desde el año 1998 y hasta diciembre de 2001, cuando un peso era igual a un dólar", dice la resolución firmada por el gobernador Jaque y el ministro de Infraestructura Pérez.

Pero desde el Ejecutivo no ahorraron "palos", ya que después de calificar a la distribuidora de "ineficiente en direccionar las inversiones" o sospechar que "el dinero recaudado se utilizó para otros fines", hubo una sentencia: "Sería al menos injusto que los más de 450 mil usuarios de Mendoza se vieran postergados en la prestación de un servicio público, por el que además, pagaron dos veces debido a ineficiencias del prestador".

Tras conocerse el no, desde la empresa optaron por no hacer comentarios al respecto, como tampoco del pedido de ajuste de tarifas. Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran que la resolución es una mera formalidad. Y que, de hecho, acata las condiciones de control previstas en la 2da Etapa desde 2010 y por tanto los parámetros de las multas que semestralmente determina el Epre a todos los prestadores.

De acuerdo al registro del ente regulador, hasta mediados de 2010 la distribuidora más grande de la Provincia acumulaba $35 millones en multas "por deficiencias en la prestación del servicio", desde el inicio de la concesión en 1998.