Río Negro.- La minifinanciera que puso en funcionamiento Marcelo Linares por la posibilidad de manejar ‘la cuenta de terceros‘ de los Programas de Empleo de la Secretaría de Trabajo puso en marcha una investigación al mismo tiempo que Linares reconoció su error, comprometió la devolución de los fondos utilizados y aceptó su exoneración. Nada hacía suponer lo que vendría después.

Para explicar cómo se produjo la devolución de los 43.800 pesos declararon Gustavo Otero, Angel Poggi, Mario Prieto, Jorge Daniel González y María F. Mirán. Estas actuaciones se pusieron en marcha por denuncia de la titular de la Secretaría, Ana Ida Piccinini.

Según consta en la sexta página del informe del Tribunal de Cuentas, Linares usó indebidamente 43.800 pesos que pasó de la cuenta oficial a su cuenta sueldo. Devolvió 28.300 y el Banco Patagonia bloqueó su cuenta por lo que quedó un remanente de 15.500 pesos. Completaron el panorama las declaraciones de Calvo y Malaspina, dos agentes que confirmaron el manejo y la confianza que tenía Linares de sus superiores.

Mirán dice: ‘Cuando sucede el hecho le comenta a Norma Calvo, quien habla con Linares que dice que tiene 10.000 pesos para devolver entre efectivo y Lecop. Calvo le entregó esa suma a Prieto, quien la deposita en la caja fuerte del armario. Que entiende que posteriormente entregó quince mil pesos más a Otero y Prieto‘.

La llamada caja fuerte se encontraba en un aparador de metal y a su vez tenía un cofre en su interior adonde se dejaba el dinero. Con posterioridad se estableció que parte de ese dinero se destinó a pagar unos planes (PER) en Villa Regina, siendo el dinero trasladado por Daniel González ‘porque iba para esa localidad‘.

Este desmanejo en la cuenta oficial llamó la atención sobre la falta de controles y la operatoria por la que se pagaban los Planes de Empleo Rionegrinos y Jefas y Jefes.


Los municipios identificaban una tarea o proyecto e inscribían los beneficiarios que harían los trabajos. Los planes eran por once meses.

Cuando la maniobra defraudatoria tenía lugar se le indicaba a los beneficiarios que el plan contemplaba el pago de cuatro meses. El dinero era extraído de la cuenta oficial en un mix entre efectivo y Lecop y liquidado mensualmente en las diferentes localidades.

Por los otros siete meses se fraguaba la documentación, se falsificaban las firmas y se utilizaban sellos apócrifos de algunos municipios. Estas sumas así obtenidas obviamente no salían del ámbito de la Secretaría.

Otras veces se le hacía firmar al beneficiario por 150 pesos y se le entregaba una parte de ese importe según lo permitieran las circunstancias, a lo largo de los once meses.

Como se ha ido señalando en crónicas de la época ante la magnitud de la crisis se elevaban listados con trabajos ficticios, con el genuino objetivo de hacerle llegar el dinero a los carenciados. Una corruptela, si se quiere, que en el caso que nos ocupa abrió la puerta para actos de corrupción por importes significativos.

Un exceso verbal de la secretaria Piccinini es ilustrativo y gráfico en cuanto a la improvisada operatoria y el descontrol reinante. El diario Río Negro del 16 de agosto del 2002 tituló: Insólito: Trabajo recomienda ‘proyectos truchos‘ y que motivó la llegada de funcionarios nacionales para verificar. En el Consejo Consultivo Piccinini recomendó ‘que se pongan las pilas y armen los programas aunque sean truchos‘.

Una recomendación que con otros fines era cumplida al pie de la letra hacia adentro de la Secretaría.