Publicado: 10-10-2011 
  
Mendoza.- El órgano de control detalló irregularidades en la contabilidad del ente que construye viviendas, todas de consideración. Van desde la falta de identificación de deudores hasta un terreno pagado dos veces.

Graves deficiencias, falta de veracidad e integralidad en la información, escasa confiabilidad e irregularidades administrativas graves son algunas de las observaciones que arrojó un lapidario informe del Tribunal de Cuentas y que le costó la sanción a buena parte del equipo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por el ejercicio 2009 y parte del 2010.

El fallo del Tribunal advierte el ineficiente desempeño del organismo que se ha convertido en lastre del gobierno de Celso Jaque y en el caballito de batalla de la oposición para hacer campaña.

El documento aparece justo en un momento donde los partidos políticos se enfrentan encarnizadamente por quién ofrece la propuesta de viviendas más tentadora que contraste con la regular performance de la actual gestión que construyó sólo 4.500 casas en menos de cuatro años.


El informe es contundente en las más de 46 páginas en donde se constatan los errores que el mismo instituto reconoce y que no puede justificar. Entre las irregularidades más graves, el Tribunal señala que la información remitida de los movimientos de los adjudicatarios no se presenta por CUIT o CUIL, "lo que constituye una limitación muy importante para el análisis de todas las deudas que posee un adjudicatario". Los encargados del seguimiento advierten que por tal motivo no se puede identificar cuál es el verdadero saldo del beneficiario.

Las inconsistencias en el registro de las cuotas a pagar por los propietarios es otra de las denuncias que realiza el organismo de contralor. A modo de ejemplo se tomó el caso de los quince deudores del barrio Rayén cuyo plazo para la devolución de los préstamos era de 240 meses con cuotas mensuales de 614 pesos.

El Tribunal señala que los créditos fueron cargados por el mismo valor pero que figuran a pagarse en 236 meses con lo que queda un monto sin poder cobrarse de casi 37 mil pesos. "Lo descrito muestra las graves fallas que presenta el sistema de control interno del organismo, la falta de integración de los distintos sistemas y subsistemas operados y la falta de veracidad e integridad de la información presentada por el organismo al rendir la cuenta", especifica el reciente fallo.


El desmanejo con los terrenos es otro de los puntos sensibles que cuestiona el informe. Concretamente, se enfatiza en la existencia de terrenos pagados dos veces por el instituto por un descuido contable. Este mismo considerando, el Tribunal de Cuentas describe la irregularidad cometida por el IPV con un terreno en Lavalle que fue donado por la Cooperativa de Trabajo El Carmen a cambio de que el organismo de viviendas proveyera los fondos para la construcción de las casas.

Sin embargo, El IPV le transfirió a la entidad un monto cercano a los 40 mil pesos con el fin de "adquirir" el terreno siendo que este había sido oportunamente donado. La situación se enrareció aún mas con la detección de que en la construcción de viviendas intervino una segunda entidad (Cooperativa Cristal de Luz) sin la autorización de la mutual donante.


El fallo hace foco también en uno de los desmanejos por parte del instituto que más ruido hizo en la gestión de Jaque. Esto es en la incongruencia entre la información detallada por el organismo local sobre la recepción de fondos nacionales y su destino a la construcción de viviendas.

Puntualmente, el informe enfatiza que el gobierno nacional asegura haber enviado 92 millones de pesos durante el 2009 mientras que el IPV declara haber recibido 109 millones durante el mismo período. Esta diferencia, explica el Tribunal, puede deberse a la recepción de partidas en el marco del Plan Federal Plurianual y del Propasa incluidas por el organismo provincial en su balance pero que la Nación desmiente.

En definitiva, del cotejo de datos surge una diferencia entre los montos informados de casi 17 millones de pesos que no tienen explicación. En este apartado, los jueces cuestionan la "escasa confiabilidad que tiene la información emitida por el organismo provincial".

Este último punto revive la polémica desatada hace dos años con un spot emitido durante un partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz del programa Fútbol para Todos en el que se promocionaba la construcción de 17 mil casas en Mendoza desde 2003 mientras que el titular del IPV, Carmelo Simó, sólo reconoció la existencia de 14 mil; es decir, que quedaba un bache de 3 mil viviendas.

Tiempo después, el funcionario provincial aseguró "haber encontrado" las casas perdidas en los registros de los últimos siete meses de gestión del radical Roberto Iglesias. Con la presencia del subsecretario de Viviendas de la Nación, Luis Bontempo en la provincia, las diferencias con la Casa Rosada se agudizaron ya que el subsecretario acusó a Simó de "no saber encontrar las casas construidas".

Asimismo y entre la decena de cuestionamientos, el Tribunal pone la lupa en la falta de documentación que detalle quiénes son los "Deudores por Préstamos" por 636.800.559,82 de pesos. "En la contabilidad patrimonial se exponen saldos por cada barrio, sin identificar quiénes son los deudores de estos créditos. Por otra parte, tampoco se pueden cotejar los movimientos que conforman esos saldos, a efectos de analizar su correspondencia con la ejecución presupuestaria de la partida de Préstamos del IPV", focaliza el fallo.

Ante estas falencias, los jueces determinaron a través del fallo 15. 731 la sanción monetaria por 1.500 pesos al gerente de administración, Carlos López, al jefe del área de Contabilidad, Alejandro Sentinelli y al secretario administrativo, Luis Facundo Alba. Además, se emplaza al organismo a regularizar los desmanejos en un período no mayor a los 3 meses a partir de la notificación.

Ayer, Los Andes intentó -sin éxito-comunicarse con Carmelo Simó, presidente del IPV, a fin de dar su versión sobre este fallo del Tribunal de Cuentas.