Publicado: 09-09-2012

El anuncio de megainversiones con fondos propios y la compra de combustible para el Estado sin licitación generaron nuevas críticas.

La difusión del plan estrátegico quinquenal que establece que YPF financiará con su caja el 70% de los US$ 37.200 millones de inversiones y la compra sin licitación de combustibles para el Estado por US$ 5.000 millones anuales volvieron a poner sobre el tapete la deliberada falta de control público que tiene la empresa estatizada.

Pese a que levantó la bandera de la "soberanía hidrocarburífera" para quedarse con la mayoría accionaria, la administración kirchnerista decidió excluir a YPF del alcance de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la SIGEN.

Ese llamativo "blindaje" a los controles de los organismos públicos lo impuso el artículo 15 de la ley de expropiación de YPF. Votado por la mayoría oficialista y cuestionado por algunos legisladores opositores, dicho artículo establece que la petrolera Gobierno seguirá operando como una "sociedad anónima" y estará al margen de las leyes administrativas y de control que rigen para las empresas con participación estatal.

"Los significativos recursos que destinará al plan de inversiones y las últimas medidas tomadas por la conducción de la empresa reafirman la necesidad de revertir la ausencia de fiscalización y control público que se registra con YPF", destacó el titular de la AGN, Leandro Despouy.

Advirtió que "la excepción hecha con YPF no se justifica porque a la AGN le corresponde por el artículo 85 de la Constitución Nacional y la ley 24.156 auditar a todas la empresas con mayoría estatal y a todos los organismos que reciban recursos del Estado Nacional".

Tras indicar que "no hay argumentos jurídicos, ni razones de competitividad empresarial que justifiquen dejar a la petrolera en una zona liberada de los controles públicos", Despouy reclamó que se revea esta situación para que YPF pueda ser auditada al igual que Enarsa, AySA, Arsat, Aerolíneas y Nucleoeléctrica Argentina, entre tantas otras empresas que tienen al Estado como principal accionista.

Por su parte, el senador nacional (UCR-Mendoza), Ernesto Sanz, salió a cuestionar otra polémica jugada oficial que apunta a dejar en manos de la petrolera conducida por Miguel Galuccio las compras sin licitación ni concursos de precios de combustibles líquidos y gas para el Estado por unos US$ 5.000 millones anuales.

Por medio de un proyecto de comunicación, Sanz le reclamó al viceministro de Economía y nuevo hombre fuerte del Gobierno, Axel Kicillof, que informe cuáles son los motivos por los cuales la estatal Enarsa deberá delegar en YPF con carácter exclusivo las gestiones comerciales de importación de GNL (gas natural licuado) que viene realizando desde 2008.

Tal como había anticipado Clarín, YPF busca convertirse en la "nueva gerenciadora" del GNL, seleccionado a los proveedores a dedo y sin cotejo de ofertas. Enarsa no sólo tendrá que aceptar lo que decida YPF, sino que además deberá pagarle una comisión.

Tras calificarla como "arbitraria e ilógica", Sanz alertó que esta medida implicará un "sobrecosto para el Estado y los usuarios que pagan un cargo específico para atender las importaciones de gas".